Orden de captura contra funcionario de Procuraduría fue emitida en noviembre
Un informe de la Procuraduría dice que la Dijin hizo inspecciones a la entidad y la Interpol hizo seguimientos al funcionario
RCN Radio conoció la orden del juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías que desde el 24 de noviembre de 2020 ordenó la captura de Jesús Alejandro Garzón, el funcionario de la Procuraduría señalado de exigir dinero para torcer procesos disciplinarios.
En esa orden el juzgado ordena la captura del funcionario, para imputarle cargos por el delito de concusión e imponerle una eventual medida de aseguramiento y advierte que los hechos investigados presuntamente ocurrieron en diciembre de 2019, abril y junio de 2020.
“Comparecencia al proceso a fin de imputar e imponer eventualmente medida de aseguramiento por su presunta autoría o participación en el delito que se imputará y que se relaciona en la presente orden”, dice la orden.
RCN Radio también conoció un oficio interno de la Procuraduría sobre el informe de las denuncias de corrupción.
Ese documento dice que dentro de las actividades de policía judicial, se revisaron los registros de las cámaras de seguridad de la Procuraduría para vigilar los movimientos del funcionario.
El documento también advierte que la Dijin inspeccionó las instalaciones de la Procuraduría: “para individualizar y confirmar algunos hechos de corrupción (…) los cuales determinaron la participación del funcionario en hechos que dieron como resultado la solicitud de la orden de captura”.
Esas diligencias judiciales se hicieron después de conocer las denuncias del congresista Richard Aguilar sobre: “la exigencia económica que se estaba presentando por parte del señor Jesús Alejandro Garzón Rincón, para ayudar en el resultado de proceso disciplinario”, dice el informe interno.
Lo que se sabe del funcionario es que llevaba más de 19 años en la entidad, era un funcionario de carrera, no era un funcionario de primer nivel y según fuentes de la Procuraduría tampoco fue nombrado por Carrillo.
De pasado 15 de enero, la Procuraduría anunció que lo suspendió por el término de tres meses.
“Según las pruebas en poder de las autoridades el investigado coordinaba acercamientos, acuerdos y recibía dinero a cambio de información privilegiada o cambiar el sentido de los fallos”, dice el comunicado emitido por la Procuraduría.
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