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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juez 46 Penal de Garantías decretó nueva medida de aseguramiento domiciliaria para el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverry, y cuatro personas más; por presuntamente impedir que la ciudadanía participara en la consulta para su revocatoria.

La Fiscalía había solicitado a un juez de Bogotá que enviara a la cárcel al alcalde del puerto petrolero, por presuntamente manipular el proceso de revocatoria en su contra, el cual fue convocado el pasado mes de julio de 2017.

Además, este funcionario estaría relacionado con presuntos hechos de corrupción, ya que según investiga la Fiscalía, el alcalde intimidó a la población civil de la ciudad, para evitar que la gente votara a la revocatoria.

Según el ente investigador, el alcalde ordenó la prohibición de los parrilleros para motociclistas particulares, persiguió los sindicatos de funcionarios de la administración municipal, a los cuales amenazó para que no salieran a votar.

Jairo Bonza, promotor oficial de la revocatoria del Alcalde, indicó que no están contentos con lo que está pasando en la ciudad y que “es algo vergonzoso que al mandatario lo hayan encerrado dos veces en su casa por todo lo que se hizo en un proceso transparente y limpio como lo fue la revocatoria”.

“Incurrió en muchos delitos, entre ellos el de concierto para delinquir y la Fiscalía tiene los audios correspondientes a la denuncia, por eso aplaudimos a la Fiscalía de Bogotá, se hizo justicia pero a medias, porque al alcalde se le debería dictar medida de aseguramiento en la cárcel”, dijo el líder social.

En días pasados, el Alcalde de Barrancabermeja y sus colaboradores habían quedado en libertad por decisión de otro Juez de Garantías, a lo que la Fiscalía apeló la decisión y se mantiene firme en que los procesados deben pagar por los delitos cometidos en un centro penitenciario.

“Aquí en Barrancabermeja hay contrataciones de personas que no son de esta ciudad, sino de otras partes del país, habiendo tanto profesional capacitado para asumir un cargo en la administración del puerto petrolero, y Barrancabermeja está en una crisis económica que merece una oportunidad”, indicó el líder de la revocatoria.

Por su parte Darío Echeverry, dijo en su cuenta de twitter que "somos respetuosos de las decisiones judiciales, sin embargo dentro del legítimo derecho de la defensa haremos uso de los recursos de la ley para demostrar nuestra inocencia, Agradecemos la voz de solidaridad expresada por los barranqueños". 

Para la Fiscalía, las conductas ejercidas por el Alcalde de Barrancabermeja se califican como graves, toda vez que, según las investigaciones, el burgomaestre, seis meses antes de las elecciones de revocatoria de su mandato, programadas para el 2 de julio de 2017, habría buscado convencer con maniobras ilegales a los ciudadanos de que no acudieran a las urnas, para no alcanzar el umbral que exige la ley.

“Hubo campañas de desinformación, restricción del transporte público el día de la votación y eventos en los que les fue retenida la cédula de ciudadanía a los habitantes, para evitar que acudieran a depositar su voto”, anotó el delegado de la Fiscalía para fundamentar la gravedad de los hechos.

De igual manera el ente investigador señaló que los procesados se dedicaron a “amedrentar, amenazar, se utilizaron las redes sociales para hacer fotomontajes para que la gente desconociera el evento democrático”.

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