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El Consejo de Estado revisa en segunda instancia el fallo que le negó la pérdida de investidura por no posesionarse como senadora.

Aida Merlano
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En el marco del proceso en segunda instancia que adelanta el Consejo de Estado para determinar si deja en firme el fallo que negó la pérdida de investidura contra Aída Merlano investigada penalmente por delitos electorales, el alto tribunal ordenó una serie de pruebas que serían fundamentales para tomar una decisión de fondo. 

Entre las pruebas que ordenó el Consejo Estado se pidió incorporar los videos de cámaras de seguridad, los informes de policía judicial y la orden de allanamiento que se practicó el 8 y el 12 de marzo de 2018 en la llamada Casa Blanca de Barranquilla o sede política de Merlano.  

“Copia en formato electrónico de trece archivos contenidos en la carpeta videos” que están guardados en los folios del expediente contra Merlano, “copia de los informes de investigador de capo”.

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 El Consejo de Estado también pidió una copia de la denuncia que presentó Merlano ante la Fiscalía por el delito de fraude procesal contra los uniformados de la Policía Nacional y Sijin que hicieron parte de los allanamientos.  

El debate en la Sala Plena busca determinar si se ratifica o no una decisión por la cual el Consejo de Estado negó una de las varias solicitudes de pérdida de investidura contra Merlano por no haberse posesionado como congresista.  

En ese caso, una sala de decisión de primera instancia negó la pérdida de investidura por considerar que –en su caso– se había presentado la figura de fuerza mayor, debido a que estaba privada de la libertad no pudo posesionarse pese a ver sido elegida senadora para el periodo 2018-2022.  

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Hay que precisar que el Consejo de Estado decretó pérdida de investidura de la senadora en otra decisión por violación de los topes de su campaña electoral.  

Sobre el allanamiento a su sede de campaña que llevó a su captura, la defensa de la excongresista pidió a la Corte Suprema de Justicia analizar los videos de las cámaras de seguridad en el proceso de la penal que se adelanta en su contra por delitos electorales.  

Fuente

Sistema Integrado de Información

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