Ordenan protección para fiscal que investiga asesinato de ganadero en Barranquilla
El ganadero, esposo de María Paulina Ceballos (hijastra de Silvia Gette), murió de un disparo en el 2003.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó restablecer el esquema de seguridad de la fiscal que adelanta las investigaciones por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido en el 2003 en Barranquilla, al parecer a manos de paramilitares.
La decisión se tomó tras darle vía libre a una tutela que interpuso la fiscal para adquirir protección por parte del Estado, debido a las constantes amenazas contra su vida, que al parecer se desprenden de su labor de investigación.
“Hay elementos de juicio para considerar que la accionante se encuentra ante la posible configuración de un perjuicio irremediable, como consecuencia del proceso penal adelantado contra María Paulina Ceballos y Silvia Gette”, dice el fallo de la Corte.
La muerte del ganadero ocurrió el 22 de agosto de 2003. Las primeras hipótesis del caso señalaron que su muerte estaría relacionada con intereses en negocios que en ese entonces existían por parte de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, tras la muerte de su fundador Mario Ceballos, esposo de Silvia Gette y padre de María Paulina Ceballos.
Según versiones de paramilitares como alias ‘Don Antonio’ y alias ‘28’, acogidos a la ley de Justicia y Paz, les habrían ofrecido 150 millones de pesos para que hombres de sus filas paramilitares lo asesinaran.
Por este caso, la Corte Suprema dejó en firme una condena contra Gette por sobornar con más de 250 millones de pesos a alias ‘Don Antonio’ para que cambiara su versión de los hechos sobre el crimen del ganadero.
Además, fue capturada la funcionaria del CTI Martha Lucía Pinilla por el presunto pago de sobornos a los testigos del caso para cambiar sus versiones y fue asesinada Nerly Gutiérrez, principal testigo del caso. Ambos procesos se encuentran en el despacho de la fiscal que pide protección para su vida.
En la sentencia que ordena un esquema de seguridad para ella, la Corte reiteró que uno de los deberes del Estado es proteger la vida de sus trabajadores y desplegar las medidas necesarias para evitar el riesgo contra la vida y la integridad personal.