Ordenan realizar audiencia pública sobre cumplimiento de seguridad a líderes y afirmante de paz
A la diligencia deberá asistir el director de la UNP, para rendir cuentas del cumplimiento.
La Corte Constitucional realizará una audiencia de seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia SU-020 de 2022, la cual declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de garantías de seguridad para la población firmante del Acuerdo Final de Paz.
Para la Sala de Seguimiento de ese tribunal, es preocupante la ausencia de respuesta de la UNP frente a los requerimientos de información efectuados por la Corte, así como los hallazgos al interior de la entidad sobre situaciones que obstaculizan el debido funcionamiento de los programas de protección.
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Los magistrados consideraron que la función de proteger las vidas sometidas a un riesgo extraordinario, extremo o inminente, no puede estar supeditada a la realización de trámites o procedimientos excesivos para asegurar el cumplimiento de contratos suscritos con particulares.
Señaló que en caso de que los firmantes deban hacer trámites para acceder a medidas de protección, la Corte indicó que "es obligación de la entidad reconducir su curso e implementar procedimientos acordes con la exigencia del cuidado de la vida de quienes están en riesgo".
La sala también señaló que además de las situaciones internas de la UNP, los atentados, homicidios y desplazamientos de la población firmante revelan la persistencia de bloqueos institucionales y fallas estructurales que impiden el funcionamiento óptimo e integral de las medidas de protección individuales y colectivas.
La audiencia pública fue citada por la Corte Constitucional para el 5 de mayo, en donde participará el director de la UNP, la delegada para el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz de la Procuraduría y el Ministerio del Interior.
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Finalmente, en el auto los magistrados dejan en claro que los directores de las entidades convocadas no podrán delegar su participación, pues esto denotaría compromiso total de las instituciones relacionadas para buscar solución de los problemas que se presentan en cuanto a la protección de los firmantes.
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