Ordenan reintegro de docente que denunció casos de acoso sexual en universidad
Las altas cortes volvieron a sentar un precedente en la defensa de los derechos de la mujer.
La Corte Constitucional volvió a sentar un precedente a favor de las mujeres víctimas de abuso y acoso sexual en sus trabajo, luego de ordenar el reintegro de una defensora de víctimas de estos delitos, que había sido despedida por denunciarlos.
Se trata del caso de Mónica Godoy, una profesora de la Universidad de Ibagué que denunció acoso laboral y sexual en la institución y fue despedida de su cargo.
La Corte, además de ordenar su reintegro a la institución, advirtió que las universidades del país no tienen un plan para combatir el flagelo, razón por la cual dio un jalón de orejas a estos centros educativos para que presten más atención a estas denuncias.
La historia de Godoy inició el año pasado, cuando se convirtió en defensora de los derechos de mujeres ante el mismo plantel, liderando varias reuniones de sensibilización en las que se tocaron los casos de acoso sexual y laboral.
Sin embargo fue despedida después de poner en conocimiento de las directivas del plantel los casos de abuso y de expresar su preocupación y la posible denuncia penal ante las autoridades.
“Le informaron verbalmente sobre la cancelación de su contrato laboral y que,(...) la causa de dicha decisión era que '[su] estilo no encajaba con la institución'", sentenció el alto tribunal.
La Corte concluyó que su despido había sido injustificado, comprobando que la cancelación del contrato laboral estaba relacionada con “sus actuaciones y denuncias sobre violencia de género y acoso laboral en contra de trabajadoras de la institución educativa”.
Razón por la cual ordenó a la Universidad de Ibagué reintegrar a la profesora y pagarle el salario y las prestaciones sociales que dejó de recibir durante el tiempo en que no estuvo laborando.
Además la Corte, con ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz, hizo un llamado al Ministerio de Educación para que establezca lineamientos y estándares en las instituciones de educación superior, que estén destinados a tratar los casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género que suceden al interior de las mismas.
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