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Leyner Palacios, líder social y sobreviviente de Bojayá.
Leyner Palacios, comisionado de la verdad, líder social y sobreviviente de Bojayá.
AFP

El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Luis Fernando Arias, rechazó el asesinato de Harley Enrique Chala Rentería, escolta del líder social del Chocó, Leyner Palacios.

En entrevista con RCN Radio,  Arias aseguró que las amenazas en contra del defensor de derechos humanos se han incrementado, hecho por el cual su vida está en riesgo.

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“Esto parece la crónica de una muerte anunciada (…) desde el año pasado que Leyner denunció que grupos paramilitares llegaron al Chocó empezaron las amenazas, y ahora asesinaron a su escolta”, manifestó.

El consejero mayor de la Onic dijo que desde la masacre de Bojayá la vida del líder social en ese departamento ha sido muy difícil.

“Leyner ha sido una persona comprometida con la paz que tuvo que enterrar a más de 100 coterráneos después de la masacre de Bojayá (…) no puede seguir huyendo como lo ha hecho hasta el momento”, indicó. 

Por esto le hizo un llamado Gobierno para que "brinde garantías de protección a Leyner y a su familia".

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La violencia armada entre bandas criminales, disidencias de las Farc y ELN generó el confinamiento de las comunidades en el Chocó. Por esta grave situación asegura que “se necesita la intervención urgente del Gobierno”.

El consejero mayor de la Onic indicó que Caquetá, Cauca, Chocó, el Catatumbo (Norte de Santander, Urabá (Antioquia) Valle del Cauca,  Nariño, Córdoba y Sincelejo, son las regiones en las que más han sido asesinados líderes sociales y autoridades indígenas en los últimos años.  

“Nos preocupa porque son sistemáticos y selectivos los asesinatos. En nuestro caso están matando a las autoridades indígenas que son en su mayoría guardias y compañeros que tienen algún tipo de liderazgo, además de las amenazas que son constantes”, manifestó. 

También dijo que desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc han sido asesinados 226 indígenas de los cuáles 168 han sido durante el gobierno del presidente Iván Duque.

“Lo que más nos angustia es que el conflicto se ha vuelto a desatar en las regiones (…) de nuevo reina el miedo y la zozobra en los territorios indígenas”, manifestó.

“Los grupos armados como paramilitares y disidencias de las Farc retornaron y sentimos orfandad institucional, un abandono de parte del Estado sobre todo en materia social con las comunidades”, precisó. 

Añadió que este es un tema que no se va a resolver militarmente: “la presencia de la Fuerza Pública generará mucha más violencia y se escalará el conflicto y eso significa poner más muertos y más víctimas”.  

Afrocolombianos piden respetar la vida de los líderes sociales

Ariel Rosebel Palacio Angulo miembro de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas de la Comisión Étnica por la Paz, aseguró que es grave la situación que viven los líderes y defensores de derechos humanos en las veredas, corregimientos y municipios.   

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“El país está devolviéndose a un conflicto armado interno, donde se están violando de manera sistemática los derechos humanos”, dijo.

Además respaldó los informes presentados por la ONU sobre los asesinatos de líderes sociales y la situación social.

“La ONU advierte qué es lo que está ocurriendo pero el desconocimiento institucional de la realidad y de las violaciones de los derechos humanos, genera un escenario de recrudecimiento del conflicto armado”, aclaró. 

El miembro de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas de la Comisión Étnica por la Paz, señaló también que en el pacífico se han desplazado más de 20 mil personas, por cuenta de los enfrentamientos entre bandas criminales, disidencias y ELN.

“Esta realidad es evidente en Tumaco, Magüí Payán; Barbacoas, Roberto Payán (Nariño) Bajo Baudó, (Chocó) Guapi y López de Micay  (Cauca) el Catatumbo  (Norte de Santander y el confinamiento de las comunidades es aún más grave”.

Frente a las declaraciones de la ministra del Interior, Alicia Arango, aseguró que “es inconcebible que el Gobierno pretenda minimizar las muertes de los defensores de derechos humanos”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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