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Paro nacional del 21 de noviembre
Los enfrentamientos concluyeron en la dispersión de los manifestantes a causa de los gases lacrimógenos. 
Foto: Inaldo Pérez

El juez 74 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a cuatro de los detenidos por su presunta participación y responsabilidad en los hechos de vandalismo registrados en medio de las manifestaciones del paro nacional en noviembre de 2019 en la capital de la República.

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Erika Lorena Flórez Durán, Justo Ernesto Villaraga Trujillo,  Miguel Andrés Parga y Greisy  Alejandra Perilla Vargas fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. 

La Fiscalía les imputó los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en medio de transporte público, obstrucción a vías públicas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. Los procesados se declararon inocentes. 

El juez tuvo en cuenta las pruebas presentadas por el ente investigador entre los que se encuentran grabaciones, interceptaciones telefónicas que arrojaron más de 1.600 horas de conversaciones y 112.000 actividades como audios, datos y mensajes, para determinar que los procesados representan un peligro para la sociedad y pueden afectar el desarrollo del proceso penal.

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En la diligencia judicial, el funcionario judicial consideró que los procesados podrían seguir cometiendo las conductas delictivas y que, continúen adelantando el supuesto adoctrinamiento de jóvenes para que protagonicen actos de vandalismo mientras.

"El 22 de noviembre fue catastrófico no hubo reparos, el 17 y 18 tuvieron bloqueada la vía hacia la localidad de Usme o la Avenida Boyacá; estos eventos se originaron a cualquier hora del día. Solo con presentar una prohibición para no salir del país y cómo lo argumentó la Fiscalía, hay un riesgo de no comparecencia, de fuga", indicó. 

Pese a que el juez que cada uno de los investigados tienen su residencia en Bogotá además de trabajos y ocupaciones, por lo que se puede demostrar su arraigo no se cumplen los requisitos para imponer una detención domiciliaria 

"Ninguna de las medidas no privativas de la libertad sería suficiente para cumplir los fines constitucionales; tampoco podrá sustituirse por una en el lugar de residencia". 

Los defensores de los investigados presentaron recursos de reposición y de apelación, en este último caso será un juez de conocimiento, el que determine si revoca o no la medida impuesta este jueves. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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