'Paz total': Gobierno modera concepto sobre grupos armados ante la Corte Constitucional

Luego de la polémica por el intento del Gobierno nacional para otorgar estatus político a los disidentes de las Farc que traicionaron el proceso de paz de La Habana, el Ministerio de Justicia envió un nuevo concepto a la Corte Constitucional sobre una de las demandas contra la ley de 'paz total'. 

El documento fue firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna y enviado por el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, para aportar un nuevo concepto a la demanda que busca tumbar los artículos que explican la inclusión de las disidencias al proceso de paz. 

El concepto entregado a la Corte Constitucional se enfoca en resaltar que la ley atribuye al presidente de la República la potestad para iniciar y avanzar diálogos de paz con grupos al margen de la ley que hayan expresado su voluntad para sostener una negociación.

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"En el marco de las competencias constitucionales y legales atribuidas al presidente de la República para adelantar diálogos y negociaciones de paz (...) partir de las circunstancias particulares y específicas de los grupos armados que hayan manifiesto su interés de negociar, para lo cual cuenta con el apoyo de la instancia de alto nivel para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto", resalta el documento. 

La Secretaría Jurídica ya había enviado un concepto a la Corte, en el que explicaba que los disidentes que no participaron del proceso de paz de La Habana, se les reconocería estatus político, pero quienes traicionaron ese acuerdo, como es el caso de Iván Márquez y otros integrantes de la Segunda Marquetalia, deberán acogerse al sometimiento a la justicia. 

Tras darse a conocer este concepto, en pronunciamientos públicos, el Gobierno intentó explicar que darían estatus político a la 'Segunda Marquetalia', por lo que, en el documento enviado recientemente a la Corte, el ministro Osuna explica que, luego de realizar el proceso de diálogo y negociación, será el presidente Gustavo Petro el que decidirá la caracterización del grupo armado. 

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"Le corresponderá exclusivamente al presidente de la República, como responsable del orden público en toda la Nación, la adopción o el reconocimiento de estatus a un grupo armado con el fin de materializar el derecho, deber, principio y valor de la paz", concluye el concepto. 

La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, deberá dar solución a la discusión en la que se decidirá si finalmente los disidentes de las Farc que abandonaron el acuerdo de La Habana serán tenidos en cuenta como grupo armado con enfoque político o como una organización criminal.