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Alejandro Pizano Ponce de León y Jorge Enrique Pizano, hijo y padre fallecidos
Alejandro Pizano Ponce de León y Jorge Enrique Pizano, hijo y padre fallecidos
Foto de @memorist_ y de Colprensa, respectivamente

Varios penalistas consultados por RCN Radio coincidieron en señalar que se presentó un error de procedimiento y una falta de diligencia por parte de la Fiscalía al no presentar oportunamente ante un juez las pruebas encontradas en la casa del fallecido testigo del caso Odebrehct, Jorge Enrique Pizano.

Estas reacciones se produjeron luego de que un juez de control de garantías declaró ilegal la recolección de las diferentes evidencias al acoger la posición de la Procuraduría que planteó que la Fiscalía tenía un tope de 36 horas para legalizar cualquier evidencia obtenida por los investigadores en el registro a la vivienda.

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Se trata de un tarro de cianuro, además de un disco duro de computador, un iPad y el celular personal de Pizano los cuales fueron Recolectadas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. 

Por su parte, la Fiscalía apeló la decisión, argumentando que esa restricción solo rige para allanamientos y no para inspecciones voluntarias, como en este caso donde constó con el consentimiento de la familia del testigo del caso Odebrecht.

En primera instancia,  el abogado penalista Francisco Bernate indicó que en este caso la ley es clara que una vez recolectadas las evidencias la Fiscalía tenía el deber legal de presentar dichos elementos  ante un juez durante las 36 horas siguientes de su hallazgo y no cinco días después de que se recogieron.

"Al contrario, si hubiesen aplicado el garantismo deberían saber que tiene 36 horas la legalizar los elementos  que fueron recaudados, esta es una diligencia que se realiza cotidianamente (...) es un error muy evidente, como de practicante", dijo Bernate.

A su turno, el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago, señaló que el consentimiento  expresado por la familia de Jorge Pizano a la Fiscalía para adelantar la labor de registro  y recolección de pruebas no eximía a los investigadores del caso de acudir ante un juez para legalizar las posibles evidencias.

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"El hecho de que no se necesita una orden previa del fiscal no quiere decir que no se tenga que legalizar con posterioridad lo que se hizo y consecuentemente las evidencias que se recogieron (...) Son cosas legales, no son asuntos que estén sometidos a la discrecionalidad de los funcionarios", indicó Mendoza Diago..

En torno a este caso, el abogado Hugo Quintero señaló que se presentó un error de procediemiento por parte de la Fiscalía  a la hora de valorar la naturaleza de la diligencia y las pruebas de esta indagación.

"Cuando uno como fiscal, en un caso tan delicado, tiene un duda sobre el criterio es mejor tomar la decisión que mas evite la duda y eso fue lo que no ocurrió acá, entonces sí me parece que existió un error de procedimiento de la Fiscalía", agregó el abogado Quintero.

Es de señalar que ahora le corresponderá a una juez de Funza, Cundiamarca, resolver la apelación de la Fiscalía y decidir si tumba o no la decisión de primera instancia de declarar ilegal la recolección de las pruebas de este caso.

     

Fuente

Sistema Integrado de Información

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