Permanecí de manera injusta en la cárcel por cerca de cuatro años: Carlos Albornoz
Dentro de este proceso, Albornoz era investigado por los delitos de prevaricato por omisión y peculado por apropiación en favor de terceros.

Luego de que la juez 33 de Bogotá absolviera a Carlos Albornoz Guerrero frente a las irregularidades en la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, el exfuncionario sostuvo que la funcionaria le resarció el daño ocasionado por la Fiscalía frente a las investigaciones por el arriendo y la venta de una finca decomisada a la mafia.
"Un fallo que su sola lectura duró casi cuatro horas, que fue contundente y debidamente sustentado y soportado, pues a uno le repara en cierta forma el daño que la fiscalía me causó en todo este tiempo", sostuvo Albornoz Guerrero.
Aseguró que aunque permaneció privado de la libertad por casi cuatro años por las inconsistencias en la venta de un predio conocido como la Granja 32, una propiedad ubicada en el municipio de Cota, Cundinamarca, salió por la puerta grande sin pedir vencimiento de términos.
"Yo estuve detenido durante tres años, once meses y cinco días por este proceso, única y exclusivamente en este proceso. Yo no quise pedir, porque tenía el derecho a hacerlo hacía muchísimo tiempo el vencimiento de términos para salir del sitio de reclusión en donde me encontraba, quería mantenerme allí con la esperanza de salir, como yo les comentaba a mis compañeros de reclusión por la puerta grande", dijo el exdirector de la DNE.
Albornoz Guerrero aseguró que no seguirá en la vida política y que por ahora no ha pensado demandar a la Nación por los daños y perjuicios ocasionados en su contra.
(Absuelven al exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, por caso Granja 32)
De acuerdo con el ente investigador, en el año 2007, la DNE, a través de la inmobiliaria Gavel en cabeza de Jorge Iván Velásquez Daza, entregó en arriendo los terrenos de la Granja 32 a Tito Arcadio Perilla Cepeda y su esposa Ana Lucía Estrada Vásquez por un valor de 1.100 millones de pesos, cuando su valor real era estimado en más de 3.200 millones de pesos.
El predio después se habría vendido por un monto muy inferior al avalúo comercial, según la Fiscalía.
Por estos hechos también son objeto de investigación el subdirector jurídico de la DNE Carlos Enrique Robledo y Felipe Castillo Triana como encargado de los inmuebles bajo la administración de la DNE.
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