Petro entuteló al Presidente para que no firme la modificación del Código Disciplinario
El Consejo de Estado admitió para su estudio la acción judicial presentada por el senador de la ‘Colombia Humana’.
RCN Radio conoció en primicia que la Sección Primera del Consejo de Estado admitió para su estudio la acción de tutela presentada por el senador Gustavo Petro en contra de la Presidente de la República para que no sancione la modificación del Código Disciplinario Único.
En la acción judicial radicada por el senador de la ‘Colombia Humana’ se señala que el proyecto avalado por el Congreso de la República para modificar la ley 1952 de 2019 (Código Disciplinario) afectan directamente sus derechos fundamentales y se pone en riesgo lo dicho por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el fallo emitido el 8 de julio de 2020.
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En este sentido se indica que con estas modificaciones se incumple lo ordenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que declaró responsable al Estado colombiano por vulnerar sus derechos fundamentales con el fallo emitido en 2013 por la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades que se presentaron en la planeación y puesta en marcha del modelo de aseo de Bogotá cuando fue Alcalde Mayor.
Para Petro, la modificación del Código Disciplinario desconoce lo ordenado por el organismo internacional cuando se le ordenó al Estado “adecuar, en un plazo razonable su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos”.
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En este sentido el Senador asegura que esto “pone en riesgo” sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido. Debido a eso pide que el Presidente de la República no sancione el proyecto de ley 423 de 2021 (Senado) y 595 de 2021 (Cámara de Representantes) que reformó el Código Disciplinario Único (Ley 1952 de 2019).
Tras considerar que cumple con los requisitos exigidos el Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la práctica de pruebas.
Igualmente vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Procuraduría General, Congreso de la República y Ministerio del Interior para que presenten sus respectivos alegatos.
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