Piden a Corte Suprema investigar a Margarita Cabello y suspenderla del cargo

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia recibió una queja disciplinaria contra la procuradora Margarita Cabello Blanco, para que se investigue por su presunta responsabilidad “frente al régimen disciplinario de los servidores públicos”, a raíz de la decisión que suspendió provisionalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero y al de Ibagué, Andrés Hurtado por presunta participación en política.

El documento señala que la queja va encaminada a determinar si Cabello tendría o no competencia para “restringir los derechos políticos del alcalde” o si es competencia de un juez, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“La Procuradora General de la Nación ha violado las órdenes impartidas al Estado colombiano (…) atribuyéndose facultades que en la actualidad usa en contra de funcionarios de elección popular”, se indica en el documento.

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La petición formal que le hacen a la Corte es suspender del cargo a Cabello y eventualmente sancionarla con una destitución.

"Es evidente que, de no decretarse la suspensión provisional, la Procuradora continuaría afectando el interés general al violar las disposiciones consagradas en tratados internacionales vinculantes para el país, induciendo la responsabilidad internacional del Estado colombiano y vulnerando los derechos políticos”, se lee en el documento.

Más adelante advierten que, “las disposiciones legales, en torno al control mismo de la oficina de la Procuraduría, hacen de la Corte Suprema de Justicia y de la medida de suspensión provisional los únicos preceptos normativos válidos para impedir la repetición de actos contrarios a los derechos fundamentales y a tratados internacionales vinculantes”.

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La procuradora Cabello se ha defendido en diferentes oportunidades reiterando que sí tiene la facultad de emitir ese tipo de decisiones contra funcionarios de elección popular, como lo estableció el nuevo Código Disciplinario que le dio facultades de juez.

Cabello ha sostenido que esa norma está en estudio de demanda, por parte de la Corte Constitucional, y que hasta que no haya un fallo de fondo su competencia se mantiene.

La queja disciplinaria la interpusieron, el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, el Instituto Política Abierta y la Fundación Paz y reconciliación quienes esperan respuesta de la Corte, frente a su estudio.

El documento lo firma Camilo Alberto Enciso, Director Instituto Anticorrupción; Douglas E. Lorduy; León Valencia, Representante Legal Fundación Paz y Reconciliación; y Nicolás Díaz, Representante Legal Extituto de Política Abierta.