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Preocupación ante el aumento de casos de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres de Ibagué
Preocupación ante el aumento de casos de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres de Ibagué
RCN Radio

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez y la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, solicitaron investigar disciplinariamente a un juez de familia en Soacha (Cundinamarca), por presuntas irregularidades en el interrogatorio a una mujer víctima de violencia intrafamiliar durante 40 años, a quien el funcionario judicial habría señalado de motivar dichas agresiones. 

El hecho se registró en una diligencia judicial que se adelantó el pasado 27 de agosto, luego que el juez Gilberto Vargas Hernández insinuara que la víctima habría motivado estos hechos violentos "al incumplir sus deberes como madre y esposa".

En ese sentido, el funcionario judicial habría incurrido en una revictimización de la afectada e incumplido los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las mujeres, según indicó la funcionaria.   

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“El juez de la causa, desconociendo las piezas procesales que integraban el expediente (…) realizó un interrogatorio que puede ser considerado contrario a los derechos y dignidad de la mujer víctima, al cuestionar la veracidad de las afirmaciones de la mujer por el hecho de permanecer con su pareja pese al maltrato y señalando además que ella habría motivado la violencia al incumplir sus deberes como madre y esposa”, señala uno de los apartes de  la carta enviada a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca. 

Ramírez pidió a los magistrados "investigar la posible actuación irregular de este Juez de la República a la luz de la normatividad disciplinaria vigente, Constitución Nacional y Ley 1257 de 2008" y se refirió “al derecho que tienen las mujeres a una justicia efectiva y con enfoque de género que reconozca las desigualdades, discriminación y violencia histórica que ellas enfrentan por el hecho de serlo”.  

La vicepresidenta también advirtió sobre “el deber de los Estados de remover las barreras o estereotipos que se presenten en el sistema judicial, fundamentalmente, las obligaciones que surgen de la Recomendación General Nº 33 de la Convención CEDAW”. 

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La carta precisa que la abogada de la víctima pidió al juez dar aplicación al enfoque de género, "por tratarse de una violencia en una relación de pareja motivada por el hecho de ser mujer, pero que el funcionario judicial habría pasado por alto esta solicitud y por el contrario, habría calificado la intervención de la defensa como una forma traicionera de dilatar el proceso”. 

Por estos hechos, se interpuso acción de tutela solicitando el cambio de juez, acción que está siendo adelantada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.

Por lo expuesto, la actuación del Juez de la República podría constituir faltas disciplinarias sancionadas por la ley, por la posible parcialidad mostrada en la audiencia”, destaca otro de los apartes del documento.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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