Piden tumbar investidura de Petro por llamar a la desobedicencia civil
Ante el Consejo de Estado fue radicado un recurso de apelación en contra del fallo que rechazó la primera demanda.
El Consejo de Estado recibió una apelación que busca tumbar el fallo de primera instancia que mantuvo la investidura de Gustavo Petro luego de llamar a la desobediencia civil en plena pandemia para protestar por la supuesta compra de votos en la campaña presidencial a favor de Iván Duque o la denominada ‘ñeñepolítica’.
En el fallo de primera instancia se negó la demanda de perdida de investidura que buscaba la muerte política para el exalcalde de Bogotá, por supuestamente violar los deberes inherentes a la dignidad del cargo.
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La apelación la presentó el abogado José Abuchaibe, el mismo que demandó a Petro, y para quien el Consejo de Estado hizo “una valoración precaria” de su acción judiical.
El abogado señaló en la apelación que esos llamados a la desobediencia civil que estaban ligados a no pagar los servicios públicos como protesta “es claramente una actitud tan populista como irresponsable, dado a que si no se pagan los servicios públicos, las empresas que los prestan quebrarán y los primeros afectados serán los ciudadanos”.
Así mismo el jurista calificó como un “exabrupto” insinuar que el presidente Duque haya sido elegido con dineros del narcotráfico, señalando que: “la oposición en todos los países exagera y desinforma”
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Sobre ese punto, la Corte Suprema de Justicia avanza en una investigación preliminar en materia penal contra el exsenador Álvaro Uribe, al encontrar que los presuntos hechos sí tuvieron una posible relación sus funciones como senador.
Al estudiar la demanda contra Petro en primera instancia, el Consejo de Estado concluyó que no se daban “los presupuestos” o los requisitos para aplicar la máxima sanción por hacer público su pensamiento sobre el escándalo de la ‘ñeñepolítica’.
El llamado a la desobediencia civil se hizo a través de una columna escrita por Petro en el portar digital ‘Cuarto de Hora' en la cual califica al gobierno Duque como: “ilegitimo que está condenando a la sociedad colombiana al genocidio”.
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