Pliego de cargos contra Oneida Pinto por millonario contrato de educación

La Procuraduría abrió pliego de cargos disciplinarios a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por irregularidades en la suscripción de un contrato para el sector  educativo que tuvo un costo mayor a los 20.000 millones de pesos.

El objetivo concreto del contrato era la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativomediante el corredor digital en el departamento de La Guajira".

Según lo constatado por la Procuraduría, el contrato firmado con la empresa Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics), habría tenido vicios de procedimiento impidiendo la oferta pública y participación de otros empresas posiblemente interesadas. 

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La irregularidad se habría presentado en el proceso de licitación Pública 033 de 2015, que conllevó a la firma del contrato 009 del 8 de marzo de 2016. 

“Al parecer, se habrían desconocido los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, teniendo en cuenta que el proceso incluyó condiciones restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva, relacionadas con la experiencia y la capacidad financiera”, dice el Ministerio Público. 

La investigación disciplinaria también cobija a la exsecretaria de Educación, Bely Géneco; al exdirector Operativo, Gilbert Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza.

“La Procuraduría recordó que los investigados tenían el deber de verificar que el proceso fuera adelantado siguiendo las reglas establecidas para el desarrollo de los procesos contractuales”, dice el Ministerio Público al calificó la presunta falta como “gravísima, a título de culpa gravísima”.

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No es la primera vez que Pinto tiene líos con la justicia, en julio pasado se emitió una orden de captura en su contra por irregularidades en un contrato para adoquinar las calles del municipio de Albania.

En ese momento el juzgado 45 de garantías de Bogotá, consideró que la exgobernadora de La Guajira representaba un peligro para la sociedad puesto que habría puesto en marcha una estrategia con el fin de acallar a los testigos en su contra en dicho proceso. 

"Se habría intentando presionar a unos testigos para que no declararan, siendo indicativo de una obstrucción a la justicia pues existe un riesgo latente, quizás para el peligro para la comunidad pese a que esta persona ya no tiene la calidad de servidora pública se desconoce por parte de este despacho si ha sido sancionada disciplinariamente o puede aspirar a un cargo lo que representaría un peligro para la sociedad", precisó el juez en esa oportunidad.