Ponencia pide condenar a 3 años y medio de prisión al exfiscal Moreno
El proyecto de fallo será estudiado este jueves en la Sala Penal de la Corte Suprema.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia iniciará el estudio de la ponencia presentada por el magistrado Luis Antonio Hernández en la que pide fijar una pena de tres años y medio de prisión en contra del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno.
En la ponencia se advierte que el exfiscal aceptó de manera anticipada su responsabilidad en los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada, hecho que lo hace acreedor a una rebaja en la pena principal.
Igualmente se advierte que Moreno ha colaborado con las autoridades judiciales entregando información en diversos procesos judiciales, entre los que se encuentran el denominado 'cartel de la hemofilia' en Córdoba, el 'cartel de la toga' que involucra a varios magistrados de ese alto tribunal e incluso el caso Odebrecht.
El 27 de junio de 2017, Moreno fue capturado en su oficina ubicada en el búnker de la Fiscalía General señalado de haberle solicitado una millonaria suma de dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus con el fin de desviar las investigaciones que se adelantaban en su contra por casos de corrupción durante su administración.
El entonces fiscal anticorrupción se habría reunido en Miami (Estados Unidos) con Lyons y el abogado Leonardo Pinilla -capturado por estos hechos- para recibir más de 100 mil dólares en efectivo. Este dinero hacía parte del acuerdo que había pactado con el exmandatario departamental para aplazar la imputación de cargos en su contra por el 'cartel de la hemofilia' y desviar las otras investigaciones.
Según dijo el mismo Lyons ante la Fiscalía General, Moreno y Pinilla lo habían presionado para que pagara amenazándolo con emitir una orden de captura en su contra si se negaba.
Moreno se encuentra actualmente privado de su libertad en una guarnición militar en el norte de Bogotá a la espera de su extraditado a Estados Unidos donde es requerido por el delito de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción en Colombia.
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