Por deforestar la Amazonia, más de cien personas fueron judicializadas

El fiscal delegado para la Criminalidad Organizada, Álvaro Osorio Chacón, reportó que en el último año las autoridades de policía lograron judicializar a un total de 118 personas, señaladas de hacer parte de diferentes redes delincuenciales implicadas en la deforestación de la Amazonia colombiana.

Según el fiscal Osorio, en desarrollo de la estrategia judicial que se viene aplicando para combatir la deforestación ilegal, se han practicado 31 intervenciones en la Amazonia, al ser una zona que está siendo siendo amenazada por actividades criminales como la minería ilegal.

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“Estas labores ha permitido ejercer un control sobre la ganadería extensiva, recuperar vastas zonas del territorio nacional afectadas por la tala indiscriminada de bosques y judicializar a los responsables de estas conductas”, dijo Osorio Chacón.

De igual forma, reportó que en el transcurso de las investigaciones penales también se han iniciado, de manera simultánea, procesos de extinción de dominio especialmente de semovientes.

“Se han judicializado 118 personas y la intervención se ha centrado principalmente en los parques nacionales Tiribiquete, Tinigua, Los Picachos y Amacayacu, Serranía de la Macarena, así como el resguardo indígena Nukak Macú”, indicó el fiscal Osorio.

Recientemente, un fiscal especializado formuló imputación de cargos contra los alcaldes de los municipios de Calamar y Miraflores (Guaviare), por el grave daño ambiental causado a través de la deforestación en la Amazonia.

“De acuerdo con las verificaciones, la construcción de una vía entre los dos municipios, sin los permisos ni licencias ambientales, el paso continuo de vehículos pesados y los asentamientos posteriores a la tala y quema de bosques, incidieron en el deterioro del área protegida y en la afectación a las fuentes hídricas de la región”, señaló la Fiscalía General.

El alcalde del municipio de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal, al igual que el de la población de Miraflores, Jhonivar Cumbe, habrían facilitado el avance de las obras en un corredor vial de 138 kilómetros y habrían sido además permisivos frente a las irregularidades que se presentaron.

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De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la deforestación se triplicó en Guaviare durante el periodo de administración de los dos funcionarios.

Los investigadores de la Policía Judicial, señalaron que "pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018. Varios de los focos de deforestación e incendios están relacionados con el área de influencia de la carretera ilegal”.