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Roberto Prieto
Roberto Prieto enfrenta juicio por caso Odebrecht.
Inaldo Pérez / RCN Radio

El juzgado 45 de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel Nacional Modelo al empresario Roberto Prieto Uribe por su presunta responsabilidad en las irregularidades que se habrían presentado por el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2014. 

Después de conocer la determinación del juez, Prieto le manifestó que prefería ir a la cárcel Modelo, pidiéndole, por dignidad, al funcionario judicial que no lo enviara a la Penitenciaria de la Picota. Consideraba que no debía ser puesto al mismo nivel de quienes están en ese centro carcelario.  

“Respecto al tema de reclusión, yo lo único que le digo señor juez es que usted ya tomó una decisión de medida intramural, la respeto porque usted es el representante de la administración de justicia”, dijo Prieto después de pedir la palabra en la diligencia judicial celebrada este martes.  

Sostuvo que sus abogados habían pedido otro sitio de reclusión, "pero yo no quiero la cárcel de la Picota, y se lo voy a decir, por un poquito de dignidad señor juez, yo sé que no estoy en muy buena posición porque esa medida de aseguramiento, me pone al mismo nivel de la gente que está en la cárcel”. 

Prieto insistió en negar los señalamientos la Fiscalía, argumentando que no recibió dinero de manera irregular por parte de los implicados en el caso de Odebrecht.

“Ir a La Picota para mí por dignidad, puede que en este estrado judicial ni la Fiscalía, ni los medios, ni la sociedad me cree que el señor Otro Bula no me dio un peso, (…) yo no me reúno con delincuentes, pero uno si tiene que tener un poquito de dignidad y prefiero irme a la Modelo”, indicó el exgerente de la campaña presidencial. 

El juez del caso negó la solicitud presentada por el procesado para que se le otorgara el beneficio de la detención domiciliaria. Para el funcionario, Prieto podría influenciar a los testigos del proceso, lo que pondría en riesgo el desarrollo del juicio.  

La Fiscalía General le imputó los delitos de falso testimonio, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de particulares, e interés indebido en la celebración de contratos. 

“La libertad es una garantía que no tiene carácter de absoluto y puede ser afectada de tornarse necesaria y evitar la obstrucción procesal y de demostrarse el peligro frente a la comunidad o garantizar la comparecencia al proceso”, dijo el juez. 

En su extensa intervención, la Fiscalía no demostró la inferencia razonable de Roberto Prieto en el delito de falso testimonio. 

El juez señaló que no se probó que haya mentido en 2017 al afirmar en declaraciones ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Procuraduría que Odebrecht no había aportado dinero a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en los años 2010 y 2014. 

No obstante, el juez dijo que la Fiscalía sí probó la inferencia razonable de la presunta responsabilidad de Prieto en los otros cuatro delitos imputados por la Fiscalía. 

El juez aseguró que con base en las pruebas aportadas en la audiencia no encuentra evidencia de un incremento por parte de Prieto en 650 millones de pesos, pero sí en un monto que alcanza los $330 millones. 

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