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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Colprensa

La Corte Suprema de Justicia recibido una petición de investigación penal contra los congresistas que aprobaron la ley de presupuesto en la que se modifica la Ley de Garantías.

La petición de investigación la presentó el abogado Augusto Ocampo, quien señala que la manera como se aprobó la modificación de la Ley de Garantías en el Congreso, fue ilegal.

“La gravedad de esta conducta por sus efectos y la inminencia de un perjuicio irremediable en detrimento del ejercicio del derecho (…) la garantía fundamental de igualdad (…) impone asumir con diligencia el deber de investigar penalmente a los legisladores que pidieron incurrir”, se indica en la denuncia.

Más adelante, la denuncia sostiene que “'la ‘jugadita' que materializa la comisión de las conductas delictivas (…) se pide a la Corte Suprema de Justicia que como juez natural de quienes cuestionados votaron a favor de dejar sin efecto la Ley de Garantías”.

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En la denuncia también se pide a la Corte Suprema “imparta las órdenes de rigor que procedan a fin de evitar que se consume y agote las conductas punibles que a rompe se avizoran en este caso (sic)".

La modificación de la Ley de Garantías en el Congreso, a través de la aprobación de la ley de presupuesto para el 2022, ha sido blanco de varias críticas.

El excongresista y abogado Alirio Uribe, junto con el senador Iván Cepeda, anunciaron demandas ante la Corte Constitucional.

Sostienen que esa reforma tiene vicios de tramite, por cuanto el Congreso no puede modificar un artículo de una ley estatutaria en una ley ordinaria.

El abogado Uribe advirtió de posibles conductas de corrupción con esa modificación en las próximas elecciones al Congreso y Presidencia de la República.

“Si la ley de garantías es para prevenir la corrupción en la política, cómo se explica que el Congreso de manera mayoritaria, entre ellos el partido de gobierno, deroguen la Ley de Garantías, ad portas de un proceso electoral sabiendo que la contratación que hacen alcaldes, gobernadores y el propio Gobierno puede afectar la democracia y significar comprar voluntades y comprar votos”, dijo el abogado en su momento. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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