¿Por qué Alberto Santofimio continuará detenido?

“Mátalo Pablo, mátalo”. Esta fue la frase que según la Sala De Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia selló el destino del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. El autor de la frase fue el exministro de Justicia, Alberto Santofimio Botero y su interlocutor fue el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.

Santofimio Botero presionó al narcotraficante para que le ordenara a sus hombres acabar con la vida del fundador del Nuevo Liberalismo, quien para 1989 se perfilaba como el hombre más fuerte para llegar a la Presidencia de la República. El exministro no le había perdonado las acusaciones públicas hechas en su contra que terminaron con su expulsión del partido.

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Mientras que Escobar Gaviria sentía un gran temor por el talante político de Galán y su propuesta para abrir la puerta de la extradición de nacionales a los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.   

El 18 de agosto de 1989, cuando se disponía a dar un discurso de cierre de campaña en la plaza de Soacha (Cundinamarca) una ráfaga de disparos hechas por personas que estaban muy cerca de la tarima improvisada alcanzaron al candidato presidencial.

Inmediatamente el jefe del Cartel de Medellín fue el principal sospechoso de este ataque. En su contra ya pesaban otros señalamientos por los asesinatos de dirigentes políticos de la época y altos oficiales de la Fuerza Pública en el marco de una guerra sin cuartel que emprendió cuando salió del Congreso tras las denuncias hechas por Galán y el director del diario El Espectador, Guillermo Cano.

Los más allegados a Galán también sospechaban de la influencia de Alberto Santofimio Botero, el reconocido senador, quien era asiduo visitante a las fincas del narcotraficante y una de las personas con las que –según varios testigos- Escobar disfrutaba hablar de temas de política.

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El exministro fue condenado el 11 de octubre de 2007 por un juzgado primero especializado de Cundinamarca a 24 años de prisión al considerar que existía evidencia suficiente que lo vinculaba con la planeación de este asesinato. Sin embargo, un año después –el 22 de octubre de 2008- en fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia al considerar que no habían evidencias para sentenciar al exdirigente político.

Santofimio recuperó su libertad y se alejó de todo tipo de actividad política. El expediente llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que revisó el caso y al considerar que existían testimonios coherentes y pruebas documentales que revelaban su participación en el crimen lo condenó a 24 años de prisión en septiembre de 2011.

El exministro, reconocido por su oratoria, fue capturado y trasladado al pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota de Bogotá. El 16 de mayo de 2017, un juez de ejecución de penas aceptó la petición de su defensa y le otorgó el beneficio de detención domiciliaria.

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A finales de 2018, el exministro presentó un recurso argumentando que ya había cumplido la mayoría de su condena situación por la que pedía su libertad condicional. Para esto allegó documentos del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) de buena conducta, trabajo y estudio.

Sin embargo, en esta oportunidad la petición no fue bien recibida. Pese a que se consideró que en efecto el exministro ha pagado 10 años de la sentencia hasta la fecha no ha pagado la multa impuesta por la Corte Suprema de Justicia que tiene como objetivo la reparación de las tres víctimas mortales y los heridos que se presentaron durante el atentado contra Galán Sarmiento.

El juzgado 16 de ejecución de penas de Bogotá resaltó en el fallo que no se allegó ningún tipo de comprobante frente a la cancelación de este dinero, casi 1.956 millones de pesos, ni un compromiso del procesado por cancelar esta suma.

Debido a esto se considera que el no pago de las indemnizaciones es motivo suficiente para negarle la libertad condicional, puesto que la ley es clara cuando establece los requisitos para entregar este beneficio jurídico.

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En el fallo emitido el pasado 19 de febrero, el juzgado hace un fuerte llamado de atención a Santofimio por ni siquiera intentar pagar parte de esta multa, indicando que en ningún momento ha tenido la intención de indemnizar a los familiares de Luis Carlos Galán Sarmiento y el escolta Santiago Cuervo Sánchez.

“Ha demostrado una rotunda indiferencia por los derechos de las víctimas”. Sostiene el despacho judicial que la Corte Suprema fijó las multas debido a la gravedad de los hechos, el daño que le causó a la Nación, el miedo que generó entre la sociedad y las afectaciones morales que generó este vil ataque.

Debido a esto, el exministro seguirá cumpliendo su sentencia en su apartamento en el norte de Bogotá. El exsenador tiene una investigación preliminar pendiente por el crimen del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, registrado el 30 de abril de 1984, y también ordenado por Pablo Escobar. 

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Igualmente, ha solicitado que su caso pase a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puesto que los hechos por los que fue investigado y sentenciado hacen parte del conflicto armado interno. Debido a esto ha solicitado un reconocimiento como agente del Estado.

Sin embargo, esta petición causó un choque de trenes dentro de la misma Corte Suprema de Justicia que en un principio admitió la petición pero días después, al considerar que no cumplía los requisitos suficientes, la rechazó tras analizar un concepto enviado por la Procuraduría General.