¿Por qué Andrés Felipe Arias no fue trasladado a la cárcel La Picota?

Pese a que el pasado 12 de julio el juez segundo de ejecución de penas de Bogotá legalizó la captura y ordenó el traslado del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias a la cárcel La Picota para que cumpliera su condena por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), el exjefe de la cartera de Desarrollo Rural fue trasladado a la Escuela de Caballería del Cantón Norte de la capital de la República.  

Mediente el oficio No. 374, el juzgado dejó a disposición del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para todo lo relacionado con el lugar de reclusión de Arias quien fue extraditado desde los Estados Unidos para que cumpla el fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó en 2015 a 17 años y cinco meses de prisión. 

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Debido a su fuero constitucional y para salvaguardar su seguridad e integridad personal, la dirección de La Picota ordenó el traslado de Arias a esta guarnición militar, la misma en la que estuvo privado de su libertad durante dos años y medio (2011 -2015) por orden de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el pasado viernes cuando llegó al país las autoridades adelantaron los trámites de rigor en contra del exministro de Agricultura y luego se dejó a disposición de las entidades carcelarias y penitenciarias. Arias, como aforado, fue puesto a disposición de la cárcel La Picota sin embargo se ordenó su reclusión en un lugar especial. 

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El exministro de Agricultura deberá cumplir su condena en esta guarnición especial. El cambio de establecimiento carcelario, en este caso, solamente puede ser ordenado por el Inpec cuando se considere que existe un riesgo o se presentó una anomalía en este sitio. 

Arias Leiva fue sentenciado a 17 años y cinco meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

El exjefe de la cartera de Desarrollo Rural durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez habría omitido sus funciones de control y vigilancia frente a la puesta de la entrega de subsidios agrícolas del programa AIS. 

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La mayoría de estos subsidios, principalmente los de riego y drenaje, habrían terminado en manos de grandes y medianos empresarios que no cumplían con los requisitos exigidos.  

Esta omisión habría tenido como objetivo buscar el financiamiento de estos hacendados a su campaña presidencial en el año 2010.

Días antes de conocer el sentido del fallo, en junio de 2014, el exministro salió a Estados Unidos junto a su familia argumentando falta de garantías procesales y la existencia de una persecución política en su contra.