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Carlos Palacino
Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop EPS.
Colprensa

Tras la revelación hecha por RCN Mundo sobre los implicados en actos de corrupción, que demandaron al Estado por más de 208 mil millones de pesos, dos de sus promotores y sus abogados en el caso del desfalco de Saludcoop y el 'Cartel de la toga', rompieron su silencio sobre el porqué demandaron a la Nación.

Uno de los casos destacados es el del expresidente de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino, a quien la Fiscalía pidió condenar por la presunta apropiación de recursos de esa liquidada EPS que habría ascendido a 398 mil millones de pesos.

Palacino tiene cinco demandas activas con una pretensión que supera los 52.600 millones de pesos contra la Superintendencia Nacional de Salud, la DIAN y la Contraloría General de la República, por supuesta ilegalidad del acto administrativo de liquidación oficial de revisión del impuesto de renta y complementarios y una supuesta vulneración en la sanción fiscal que le fue impuesta.

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Julio César Ortiz, abogado de Carlos Gustavo Palacino, aseguró en RCN Mundo que seguirán adelante con estas millonarias demandas al considerar que es un derecho que ampara su cliente, al considerar que no incurrió en ningún delito o ilícito como lo planteó la Fiscalía y lo sancionó la Contraloría General.

“Hay cargos que ha formulado la Fiscalía, pero esos están desvirtuados y estamos esperando la sentencia del juez penal (…) Que había mandado a construir un centro vacacional, que compró una cancha de golf, que invirtió en una cancha de tenis, todo eso es absolutamente desvirtuado y no haya hallazgos en la Contraloría sobre eso”, manifestó el abogado Ortiz.    

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(Audio) Implicados en actos de corrupción responden por qué demandaron al Estado.

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Asimismo, sostuvo que “la EPS en desvío de recursos parafiscales, siempre actuó dentro de los parámetros constitucionales, legales y reglamentarios, aplicables y vigentes para el momento de la Contraloría y la Superintendencia. Invertir en infraestructura para la prestación de servicios de salud  que se realizaba por la EPS se efectuó con recursos propios”, indicó el abogado Ortiz.

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También señaló que en este caso los trabajadores que quedaron en la calle y reclaman millonarias indemnizaciones y los pacientes que sufrieron con la liquidación de Saludcoop, fueron víctimas de la intervención que hizo en su momento la superintendencia, más no de la gestión que venía realizando Palacino.

¿Juan Carlos Abadía renunciaría a la pretensión de su demanda?

El exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía Campo, investigado por el escándalo de corrupción judicial del ‘Cartel de la toga’, aseguró que está dispuesto a renunciar a los 677 millones de pesos que reclama en las pretensiones que contemplan las dos demandas que instauró en contra de la Procuraduría General, al considerar que fue ilegal el acto administrativo que lo sancionó y destituyó del cargo por participación indebida en política.

El hecho, que originó su destitución de diez años del cargo, se registró en 2010 cuando celebró en febrero de ese año una reunión con 21 alcaldes de ese departamento y el entonces precandidato conservador Andrés Felipe Arias, la cual fue calificada por la Procuraduría General como “una acción voluntaria, previamente analizada y consentida".

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“Sencillamente, más allá de pretensiones económicas, yo lo que quiero es limpiar el buen nombre, porque por un lado no participe en política, no hubo pruebas en esa época Andrés Felipe Arias ni siquiera fue candidato, fue en un sitio privado y no público”, dijo el jurista.

Igualmente, señaló que como sucedió en el caso del exalcalde de Bogotá y hoy candidato presidencial Gustavo Petro, la Procuraduría General no está facultada para sancionar o destituir personas de elección personal.  

Frente a la investigación en su contra por el ‘Cartel de la toga’, el exgobernador del Valle aseguró que los pagos que realizó en su momento a Luis Gustavo Moreno fueron por concepto de su salario y no como sobornos para verse favorecido con esa red de corrupción judicial.

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“De los nueve casos en los que Luis Gustavo Moreno fue mi abogado durante tres años, nunca me salió un sólo caso resuelto ni en favor ni en contra, todo lo contrario, el 6 de marzo de 2017 me imputaron cargos por un caso de unas instituciones educativas que hoy se está debatiendo y ya se ha verificado que cada biblioteca fue entregada (…) Yo hago una pregunta ¿Quién paga o quién ofrece o quién recibe un servicio para que lo imputen? ni el más estúpido, ni el más bobo de este mundo’, agregó.    

Fuente

Sistema Integrado de Información

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