¿Por qué no se ha definido fecha para indagatoria del senador Uribe en la Corte?

Un día como hoy, 24 de julio pero del año pasado, la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe en medio de una investigación por delitos de soborno y fraude procesal. El caso hace referencia a una presunta manipulación de testigos. 

Una investigación que se desprendió del archivo de otra que adelantaba la Corte contra el congresista Iván Cepeda, denunciado por Uribe, por visitar las cárceles del país en busca de testimonios de exparamilitares.

En medio de esa investigación, la Corte tuvo indicios de posibles sobornos a varios exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que cambiaran sus versiones. 

La decisión de abrir investigación contra Uribe se tomó el 22 de febrero de 2018 en cabeza del expresidente de la Corte, José Luis Barcelo, quien fue inmediatamente recusado por la defensa del expresidente, lo que llevó al primer retraso. Se buscaban garantías en las Salas de Primera Instancia que no habían sido creadas. 

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El proceso estuvo paralizado hasta el 2 de noviembre de 2018, después de que los magistrados de primera instancia de la corporación tomaron posesión de sus nuevos puestos. El expediente se repartió y quedó en manos de la magistrada Cristina Lombana, fuertemente criticada por pertenecer al mismo tiempo, a las Fuerzas Militares como miembro activo. 

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El 18 de febrero de este año, la Corte tuvo que revisar y negar una petición de nulidad y exclusión de pruebas de la defensa del expresidente y el congresista Álvaro Hernan Prada, quien también fue implicado en la investigación. 

La Corte ratificó que las actuaciones en el proceso estuvieron ajustadas a la ley. En esa decisión, la Corte reactivó el llamado a indagatoria contra Uribe. 

El congresista Iván Cepeda fue declarado como víctima dentro de la investigación al señalar que su nombre fue desprestigiado por parte del senador Uribe, cuando lo demandó ante la Corte por supuestos montajes en su contra. 

Los tropiezos de la magistrada a cargo

Desde ese momento el proceso no ha tenido avances. La magistrada Lombana tuvo que dedicarse a su defensa después de que sus colegas aceptaran una recusación en su contra, para que se apartara del proceso porque podría estar en tela de juicio su imparcialidad, dada su relación con las Fuerzas Militares, de las cuales el jefe de Estado en su momento fue el senador Uribe. 

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Para ese entonces ya era el 3 de abril de este año, fecha en la cual Lombana no aceptó que sus colegas la apartaran del caso y decidió interponer tutela ante el Consejo de Estado, un proceso que en primera instancia fue fallado en su contra dándole la razón a la Corte y que ahora está en revisión por la sala de segunda instancia del Alto Tribunal de lo contencioso administrativo. 

Una vez aceptada la recusación de Lombana -10 de mayo de 2018- el proceso queda en manos del magistrado César Augusto Reyes, quien desde el 20 de mayo pasado empezó a revisar el voluminoso expediente que tiene más de 150 registros de audio en CD y 14 expedientes, cada uno de 300 folios, los cuales contienen interceptaciones telefónicas que son clave y que podrían dejar al descubierto el supuesto plan para manipular testigos en contra de Iván Cepeda. 

Antes de continuar con la investigación, el magistrado Reyes debe decidir sobre otras peticiones  de la defensa de Uribe, quien insistió en anular el proceso a pesar de que el 18 de febrero pasado la Corte le hubiera negado esa misma petición y una solicitud de la defensa de Prada que pide excluir de las pruebas las interceptaciones a sus teléfonos celulares. 

Una vez resueltos esos recursos, el magistrado podría entrar a reprogramar la fecha de indagatoria.