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Mario Montoya
General (r) Mario Montoya en audiencia ante la JEP.
Foto: Inaldo Pérez/Sistema Integrado Digital.

El Tribunal Superior de Bogotá recibió una tutela que busca ordenar a la Fiscalía General de la Nación imputar cargos al general retirado Mario Montoya Uribe por los casos de falsos positivos.

El recurso lo presentó Cruz Elena Peña, mamá del joven Juan Diego Martínez Peña, quien fue asesinado y presentado como guerrillero muerto en combate en el año 2008.

Lo que señala la tutela es que el proceso penal contra el general retirado no podría frenarse por el hecho de haber sido aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el año 2019.

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“Las actuaciones de la Jurisdicción Penal Ordinaria solo se suspenden si se dan los siguientes requisitos (…) el proceso ordinario ha superado la fase de investigación, ya sea con la calificación en firme del mérito del sumario en el procedimiento de la Ley 600 de 2000, o con la culminación de la audiencia de acusación en el procedimiento fijado en la Ley 906 de 2004”, se indica en  una decisión de la JEP citada en la tutela que se presentó ante el Tribunal.   

Lo anterior quiere decir que la imputación de cargos puede realizarse antes de que la JEP tome alguna decisión de fondo en el proceso.

“Las únicas limitaciones en la etapa de investigación que se imponen a la Fiscalía para seguir actuando en casos que están en la JEP son las de dictar medidas de aseguramiento u órdenes de captura”, se indica en un comunicado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que representa a la mamá del joven. 

La tutela cuenta que la investigación penal contra el general retirado inició en el 2009 con las denuncias del entonces coronel Santiago Herrera.

Dicho coronel había afirmado que el general retirado supuestamente había “dado órdenes para cometer crímenes, a través de directivas que presionaban a las tropas para presentar resultados de bajas en combate”.

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En el 2016 se anunció la imputación de cargos, pero se frenó en octubre de 2018, cuando Montoya se sometió a la JEP.

“Con lo cual el caso de Juan Diego, junto con otros 2.428, según datos de la Fiscalía, pasaron a ser de conocimiento de esta justicia transicional”, se apunta en la comunicación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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