Prisión perpetua para violadores de niños, demandada ante Corte Constitucional

Apenas un día después de que el presidente Iván Duque promulgara el acto legislativo que le da vida jurídica a la cadena perpetua para violadores de niños, la norma ya fue demandada ante la Corte Constitucional.

La demanda fue interpuesta por la Comisión Colombiana de Juristas y los congresistas, Ángela Robledo, Iván Cepeda y Roy Barreras, quienes consideran que dicha reforma es completamente inconstitucional.

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“La reforma de la Constitución que establece la cadena perpetua no protege la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, como dijeron los promotores de esta iniciativa, porque no adopta medidas para su protección o atención, ni aborda los problemas sustanciales de los fenómenos de violencia”, indicaron los demandantes.

También argumentaron que esta norma que ya entró en vigencia, no combate los altos índices de impunidad que hay en los delitos que se cometen contra los menores en Colombia.

“El aumento de las penas genera una falsa sensación de justicia que permite la continuidad de la impunidad. La cadena perpetua no da respuestas ni profundas ni integrales a las necesidades de las víctimas y de la sociedad, frente al crimen y su prevención”, precisaron.

En ese sentido, los demandantes agregaron que “la reforma constitucional no aporta una sola medida para que el Estado opere adecuadamente para investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Por el contrario, cosifica a los niños, niñas y adolescentes víctimas, al no darles respuestas frente a la afectación de sus derechos, más allá del castigo a sus victimarios”.

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Aseguraron que el acto legislativo tuvo vicios de trámite, ya que no le dio el estudio correspondiente a las recusaciones que fueron presentadas contra algunos congresistas para que se declararan impedidos.

Cabe mencionar que mientras la Corte Constitucional estudia esta demanda, el Congreso de la República deberá comenzar el trámite de una ley estatutaria para reglamentar la manera en la que debe aplicarse la prisión perpetua para los agresores sexuales de los niños en el país.