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La Escuela General Santander, tras el atentado del 17 de enero de 2019
Así quedó el lugar donde explotó el carro bomba.
Foto de Colprensa

El juzgado 61 de control de garantías de Bogotá, prorrogó por 120 días más la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Ricardo Andrés Carvajal, procesado por su presunta participación y responsabilidad en los hechos que rodearon el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander, en hechos registrados el 17 de enero de 2019 y el cual murieron 22 personas.

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El fiscal de la Estructura de Apoyo le solicitó al juez la necesidad de extender la medida de aseguramiento que existe en contra del procesado con el fin de evitar que la defensa de Carvajal Salgar busque la libertad por medio de una solicitud por vencimiento de términos.

Carvajal Salgar permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá desde enero pasado, en el marco del proceso por su presunta participación en el atentado terrorista. 

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La Fiscalía General lo señala como una de las personas que planearon el ingreso de la camioneta cargada con explosivos a la Escuela ubicada en el occidente de Bogotá. 

El proceso avanza en el juzgado segundo especializado de Bogotá y actualmente se encuentra en etapa preparatoria; es decir se presentan las pruebas documentales y testimoniales que serán utilizadas en el desarrollo del juicio.

Fuentes cercanas indicaron que el ente investigador cuenta con una tera de información que contiene una de las pruebas clave para el proceso: los videos de las cámaras de seguridad que registraron el movimiento de la camioneta que fue utilizada para el atentado.

Este video recolectado por los peritos del CTI se suma a las más de 190 pruebas, ente elementos documentales, testimoniales, entrevistas, informes de policía judicial y reportes de Medicina Legal con los que cuenta la Fiscalía.

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De acuerdo con los investigadores existen suficientes pruebas para demostrar la participación de Carvajal Salgar en este acto terrorista, entre ellas una interceptación telefónica en la que hace referencia al atentado pocos minutos después del estallido de la camioneta que cargaba 70 kilos de pentolita.

En torno a este prueba, la defensa del procesado aseguró que se trató de un chiste de Carvajal con un amigo y que ninguna de las aseveraciones tiene relación con el atentado terrorista.

"La conversación telefónica es un diálogo entre dos amigos en la cual, uno le hace un chiste al otro, no es ninguna prueba de confesión de la comisión de un hecho delictivo tan grave como este y tampoco es prueba suficiente para estribar en ella un juicio penal", precisó el jurista en su momento. 

En este caso, la Fiscalía acusó a Carvajal Salgar de ser supuesto autor de delitos como homicidio agravado, tentativa de homicidio, lesiones personales y terrorismo.

'La prueba reina'
 
En el escrito de acusación se cita la interceptación telefónica realizada por la plataforma 'Aurora' en la que Carvajal habla con una persona identificada con el alias de 'James' -un presunto jefe de una red de microtráfico- comentándole que tiene que esconderse en el barrio Los Laches tras la explosión del carro bomba.

"Carvajal: Acá, que estoy arriba, Dorado, Los Laches Dorado. Pues no ve que pusimos la bomba en el General Santander y tocó venirnos a encaletarnos

Alias James: ¿Cómo así? ¿Que qué, que qué?

Alias James: La bomba en el General, ¿qué es lo qué dice? ¿Qué pusieron la bomba en dónde?

Carvajal: Háblenlo, ¿qué hay que hacer?

Alias James: ¿Que tiene la bomba qué?

Carvajal: Nana, nada, están grabando

Alias James: Pero usted si se escucha, ¿qué hay que hacer?

Carvajal: No sé dígame usted".    

La Fiscalía General considera que Carvajal tuvo una activa participación en la coordinación de la camioneta que fue trasladada desde Arauca hasta una bodega en el sur de Bogotá, para ser cargada con los explosivos.

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Igualmente sostiene que existen pruebas testimoniales que permiten inferir su clara participación en estos hechos, entre los que se encuentran la declaración juramentada de 'James'.

De ser hallado culpable Carvajal podría enfrentarse a la máxima pena de 60 años de cárcel.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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