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CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Colprensa

La Procuraduría General le formuló pliego de cargos a la actual cónsul de Colombia en Madrid, María Margarita Salas Mejía por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la ejecución de millonarios contratos para la VI Cumbre de las Américas que se celebró en abril de 2012 en Cartagena.

El Ministerio Público busca establecer si la entonces Secretaria General y representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores incurrió en una falta disciplinaria. Por estos mismos hechos será investigado el Coordinador de Privilegios e Inmunidades de la Dirección de Protocolo de la Cancillería, Alexander Potdevin Gutiérrez.

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En el pliego de cargos se señala que se habría presentado pagos aparentemente irregulares en desarrollo del contrato por más de cuatro mil millones de pesos, que fueron desembolsados entre el 9 de mayo y el 29 de junio del 2012.

Igualmente se busca verificar si se presentó una posible omisión en las acciones de  vigilancia y control que se debían realizar sobre la ejecución de este contrato, Los investigadores creen que con estas acciones se habría generado un detrimento patrimonial. 

El órgano de control disciplinario identificó que la expedición de las facturas no se habría realizado con el rigor que se exige. En algunos  -señala el pliego de cargos-  fueron avaladas en pocas horas pese a que se reportaban hasta 55 servicios ejecutados.

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En la firma de estas facturas se habrían presentado graves sobrecostos, puesto que el contratistas entregó un valor superior al que realmente correspondía por los bienes y servicios prestados.

El Ministerio Público no le creyó a los contratistas cuando aseguraron en el marco de la indagación que estas facturas habían sido emitidas así debido a una mala interpretación de la cláusula que establecía la forma de pago.  

En el pliego de cargos se manifiesta que los exfuncionarios de la Cancillería omitieron sus funciones de vigilancia al no pedirle a la empresa encargada información adicional con el fin de verificar la ejecución de sus labores.

Tampoco le exigieron corregir las falencias que podrían presentar las facturas entregadas. El órgano de control disciplinario sostiene que esto habría generado que se presentara un sobrecosto de cuatro mil millones de pesos entre el valor facturado y el valor realmente ejecutado.     

Fuente

RCN Radio

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