Proceso por ofrecer falsos programas de Derecho a internos de La Picota
La Judicatura no les entregó las tarjetas profesionales a los internos porque el programa no estaba avalado.
La Fiscalía General formuló imputación de cargos contra tres empleados de la Corporación Universitaria IDEAS, por presuntamente estafar a varios internos de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, con falsos programa de Derecho.
Según las investigaciones, los involucrados supuestamente adelantaron los trámites pertinentes para ofrecer y dictar clases de Derecho a los internos sin tener los permisos requeridos.
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De acuerdo con los peritos de la Fiscalía General, después de cinco años de estudios los internos que participaron de los supuestos programas educativos perdieron todo su dinero.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción señaló que los directivos de la Corporación incurrieron en los delitos como fraude procesal y falsedad en documento y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Por estos hechos fueron procesados: Alejandro Cuervo Carvajal, revisor fiscal, contador y gerente administrativo y financiero; Ana Cristina Pedraza, rectora; Catalina Tapias Pedraza, presidenta Consejo Universitario.
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La delegada del ente investigador indicó que los hechos están relacionados con las irregularidades que se habrían presentado al permitir que se desarrollara el programa de Derecho en ejecución del convenio 074 del 28 de mayo 2011, suscrito entre la Corporación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), sin contar con la autorización del Ministerio de Educación Nacional.
"Durante los años 2011 a 2013, el Ministerio de Educación no otorgó permisos a la Corporación IDEAS para dictar la clase del citado programa fuera de sus instalaciones y aún así las realizaron en La Picota. Tampoco se podía realizar un convenio institucional como se firmó", indicó la Fiscalía.
Los investigadores establecieron que un total de 17 reclusos pagaron por la carrera y asistieron a las diferentes clases, pero cada uno perdió en promedio entre 30 y 35 millones de pesos, porque debido a las irregularidades presentadas aunque se graduaron, el Consejo Superior de la Judicatura negó las tarjetas profesionales por no cumplir los requisitos.
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