Procurador pide acatar el fallo de la Corte que ordenó garantizar el derecho a la protesta pacífica
Fernando Carrillo aseguró que cualquier desconocimiento de las órdenes puede representar un desacato.
El procurador General, Fernando Carrillo le hizo un llamado a todas las entidades del Estado para cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordena garantizar las protestas pacíficas en el país y suspender el uso de la escopeta calibre 12 al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El jefe del Ministerio Público indicó que aunque se puede pedir revisión del fallo a la Corte Constitucional, el hecho de no acatar las órdenes de la sentencia podría constituir un desacato.
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“Las decisiones de la justicia deben acatarse así no se compartan porque esa es la base de un estado social de Derecho”, explicó.
En ese sentido aseguró que la Procuraduría va a cumplir con las órdenes que emitió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
“Vamos a convocar a una mesa de trabajo para expedir protocolos y directrices que exige la Corte Suprema de Justicia atribuibles a la Procuraduría”, manifestó Carrillo.
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La Corte Suprema le ordenó al Ministro de Defensa que realice un acto de excusas públicas por la violencia registrada en las protestas del paro nacional del año pasado.
También ordenó suspender el uso de las escopetas del Esmad y crear una ley estatutaria para que regule la protesta y limite el uso de la Fuerza Pública.
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Tras conocer la decisión, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que “la Fuerza Pública, en particular el ESMAD, no incurren en excesos”
Diferente a lo que consideró la Corte en su sentencia cuando señaló que el Esmad “no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir, pues tampoco hace un uso adecuado de las armas de dotación asignadas”.
Frene a esto, el presidente del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, Reinaldo Villalba, dijo que el no cumplimiento del fallo de la Corte Suprema "refleja la ausencia de voluntad política del Gobierno en torno a tomar medidas eficaces para la protección de los derechos humanos”.
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