Procurador pide aprovechar el Estado de Emergencia para descongesionar las cárceles
Esa entidad dijo que el decreto 546 se quedó corto para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19.
La Procuraduría General aseguró que el decreto 546 que se refiere a la excarcelaciones masivas a propósito de la propagación del coronavirus en el país, se quedó cortó frente al objetivo de deshacinar los penales y evitar los contagios en la población carcelaria.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Carlos Medina, reveló que los problemas generales del sistema carcelario frente a la pandemia, se relacionan a la falta de personal médico y elementos de protección en las cárceles, que se ha venido agravado ya que “los médicos están renunciando por miedo al contagio”.
El funcionario precisó que a esa problemática, se suman la “ineficacia en las medidas tomadas”, porque las medidas preventivas frente a la pandemia no fueron suficientes.
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El procurador delegado señaló también que se están presentando demoras "de entre ocho a 10 días para la entrega de resultados de las pruebas”, que se están tomando en las cárceles, teniendo en cuenta que solo en el penal de Villavicencio, la cifra de contagiados es de más de 650 personas entre internos y funcionarios del Inpec.
De acuerdo con al Procuraduría, esta situación evidencia que las cifras de contagios actuales no son las reales. “No se tiene identificada la totalidad de población infectada por COVID-19”, señaló.
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El procurador Carlos Medina, también precisó que la nueva emergencia económica decretada por el presidente Iván Duque, debe servir de puente para crear una nueva norma que permita ampliar la visión de deshacinamiento carcelario.
“El decreto 546 no tiene perspectiva de salud publica sino criminal, que no fue más allá de lo que el Gobierno quería por la oposición de la Fiscalía y los jueces que siguen teniendo una mirada de política criminal en el marco de la pandemia”, aseguró.
Finalmente, el funcionario delegado para los Derechos Humanos, recordó que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, deben crear protocolos para hacer seguimiento de salud a los internos que salgan de las cárceles en el marco del Decreto, para evitar nuevos contagios.
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