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El Congreso de la República continúa analizando el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, que determinó que los funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser destituidos por autoridades administrativas o disciplinarias.

Las implicaciones de esta sentencia llevaron a que el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo y el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, se pronunciaran sobre el tema.

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De acuerdo con el procurador Carrillo, hay algunos asuntos como las sanciones emitidas contra alcaldes y gobernadores en casos de corrupción, que no están muy claros en el fallo, por lo que se hace necesario respaldar la demanda de aclaración que impulsará la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado.

“Tenemos valorado conjuntamente con el doctor Camilo Gómez, la posibilidad de presentar una demanda de interpretación para la claridad. Es decir, no es un recurso, pero es la instancia de decir que hay dos o tres temas que nos preocupan en el desarrollo institucional de Colombia y queremos una clarificación”, indicó.

El contralor Carlos Felipe Córdoba comparte esta idea y aseguró que dicha aclaración es necesaria, porque con este fallo de la Corte IDH se pondría en riesgo la recuperación de los recursos que se pierden por parte de administraciones corruptas.

“Una de las consecuencias de la declaratoria de responsabilidad fiscal y de la inclusión en el boletín, exclusivamente frente al grupo de servidores de elección popular y en especial alcaldes y gobernadores en quienes confluye la calidad de gestores fiscales, puede tornarse inaplicable. Es decir, no vamos a poder recuperar el recurso público y ello abre la puerta a que los efectos disuasivos de la responsabilidad fiscal se vean mermados de manera lamentable”, sostuvo.

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El Consejo de Estado también se mostró de acuerdo con la necesidad de que haya una mayor claridad frente a este fallo, pese a que tienen la certeza de que el mismo no afecta la figura de la pérdida de investidura.

El presidente de esa corporación, Álvaro Namen, indicó que “no solo es necesario el cumplimiento de la decisión de la Corte Interamericana, sin perjuicio de que se pidan las aclaraciones correspondientes de este fallo en varios aspectos”.

Sin embargo, las entidades del Estado indican que se debe trabajar en un proyecto de ley para poder aplicar lo establecido en la sentencia, pero advierten que para ello no se necesita una reforma a la Constitución Política de Colombia.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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