Existen denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de los dineros destinados al posconflicto.

Dinero colombia
Colprensa

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar por las presuntas irregularidades en el manejo de los dineros destinados al posconflicto, además de  analizar los contratos del Fondo Colombia en Paz.

El procurador Fernando Carrillo dijo que el objetivo de la indagación es “establecer si existe una alteración de honorarios, ineficacia o ineficiencia en el manejo de los recursos”.

Advirtió que el país no se puede dar el lujo de que “colapse el proceso de paz, por la mala administración de recursos a la hora de su puesta en marcha”, debido a que organizaciones internacionales tienen sus ojos puestos en los Acuerdos.

“Lo que es claro, y el país tiene que saber, es que todos estos son fondos públicos, aquí no hay dineros vedados a los controles en Colombia, incluso los que tienen que ver con la puesta en marcha de la paz”, señaló.

RCN Radio conoció que en la Fiscalía reposan más de dos mil horas de grabación que serían pruebas de conductas eventualmente delictivas y que darían cuenta de un grupo de intermediarios que cobraban a cambio de obtener algunos de esos contratos.

También se conoció que dentro de las líneas de investigación de la Procuraduría, se busca establecer potenciales conflictos de interés entre algunas funcionarias y las contrataciones que se habrían hecho con allegados suyos.

Entre los nombres que aparecen bajo la lupa del Ministerio Público están los de Gloria Ospina, directora del Fondo Colombia en Paz y Wendy Arenas, asesora de la alta consejería para el posconflicto.

Por ahora no existen hallazgos específicos de corrupción que comprometan las conductas de las funcionarias, pero la Procuraduría está averiguando por ellas y por varios servidores públicos más para analizar si hubo o no faltas disciplinarias.

De la misma manera se analiza una presunta participación de terceros, funcionarios y hasta Alcaldes que estarán concertando repartirse hasta el 20% de los contratos que se invierten y se seguirán destinando en el marco de la implementación de los acuerdos con la guerrilla de las Farc.

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