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El senador Gustavo Bolívar insiste en el retorno de la tortura al país
Gustavo Bolívar, congresista
Colprensa

La Procuraduría General le abrió investigación preliminar al senador Gustavo Bolívar por presuntamente financiar al autodenominado grupo de la ‘Primera Línea’ en el marco de las protestas que se adelantaron en diferentes regiones del país durante el Paro Nacional.

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El organismo de control disciplinario entrará a evaluar si existen méritos para abrirle un proceso formal al senador de la 'Colombia Humana'. Esto después que se conociera una información en la que se señalaba que Bolívar había promovido una recaudación de fondos por medio de una plataforma virtual para los integrantes de este grupo que lideró varios bloqueos y protestas masivas en diferentes regiones.
 

En este caso se evaluarán las publicaciones hechas en su cuenta de Twitter en las cuales, además de manifestar su apoyo a los integrantes, promueve la recolección de fondos por medio de la plataforma 'Vaki'. En un informe de prensa se indica que por medio de la ONG Manos Limpias, la cual fundó el congresista, se había recolectado y enviado el dinero a los líderes del grupo que participaba activamente en las manifestaciones y protestas.

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El procurador delegado para el caso tendrá que establecer si Bolívar utilizó los recursos para ayudar con alimentación y resguardo a estos integrantes -como se dijo en un principio- o si estos fueron utilizados para financiar las actividades contra la infraestructura física y ataques contra la Fuerza Pública. El Ministerio Público podría solicitárle al senador que presente sus argumentos de manera escrita u oral.

El órgano disciplinario también solicitará un reporte a las autoridades para conocer en detalle las actividades vandálicas y delictivas atribuidas a la Primera Línea con el fin de hacer una hoja de ruta y relacionar las donaciones con sus actos.

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Por estos mismos hechos el senador fue denunciado en la Corte Suprema de Justicia por financiar a la Primera Línea con la compra de escudos, cascos y elementos de protección. El Consejo de Estado evalúa una demanda de pérdida de investidura.

Fuente

Sistema Integrado Digital

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