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La Procuraduría General de la Nación afirmó que no existe ninguna conciliación en curso con la compañía española Sociedad Interamericana de Aguas y Servicio (Inassa) ni tampoco un principio de acuerdo, para la firma de un pacto de cumplimiento que ponga fin a la acción popular interpuesta en defensa de la moralidad y el patrimonio público en la Triple A de Barranquilla.

El Ministerio Público explicó que Inassa, el pasado 13 de mayo, presentó a la entidad una comunicación denominada “Ofrecimientos, términos y condiciones de un proyecto de Pacto de Cumplimiento”, el cual esta siendo analizado por la entidad.

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Frente a esa situación, el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, creó una agencia especial integrada por los procuradores delegados para la Conciliación Administrativa, el Ministerio Público en Asuntos Penales y Primero de Contratación Estatal.

La Procuraduría afirmó que analizará ese documento sobre la propuesta presentada por Inassa y anunció que fijará su posición que, de acuerdo con el Ministerio Público, será de conocimiento de la opinión pública.

Una comisión creada por la Procuraduría para investigar este caso aseguró que entre 2013 y 2017 Barranquilla "dejó de percibir un valor de 17.864 millones de pesos de los cuales, 7.240 millones corresponden a utilidades y 10.624 millones corresponden a regalías”.

Por ello, en noviembre pasado el organismo de control sancionó e inhabilitó a para ejercer cargos públicos a Ramón Navarro Pereira y Julia Margarita Serrano Monsalvo por 12 y 6 años, respectivamente, por irregularidades en la suscripción de un contrato firmado con la firma española Inassa, para prestar el servicio de acueducto y alcantarillado. 

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La Procuraduría constató que los entonces gerentes de la empresa pública Triple A permitieron que la firma española se apropiara de dineros públicos. 

Es así cómo, según la investigación, se crearon contratos ficticios para dar apariencia de legalidad a los dineros que ingresaban al país por parte de Inassa. 

En ese sentido la Procuraduría ordenó que Navarro deberá pagar una multa de 33 mil millones de pesos, mientras que Serrano tendrá que pagar al Estado una multa de dos mil ciento cuarenta millones de pesos. 

Vigilancia de la Superservicios

Este jueves se conoció, además, que la Procuraduría pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos una vigilancia especial para evaluar e informar a la ciudadanía y a los órganos de control sobre el estado, oportunidad, cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos por parte de la Triple A de Barranquilla, actualmente administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En el comunicado “se conmina a la Administración de la Triple A y a la SAE, como depositaria de las acciones de INASSA en Triple A, para que adopten los procedimientos, códigos de ética, manuales, directrices y demás instrumentos de gestión que permitan una administración eficaz y transparente, con buenas prácticas y procedimientos para evitar riesgos de corrupción”.

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También expresó que “la Procuraduría requiere a la Administración del Distrito de Barranquilla para que informe a la ciudadanía y a los órganos de control sobre su política, acciones y propuestas para defender la inversión pública que tiene en Triple A, postura que además analizará el órgano de control con los representantes legales y delegados del Distrito en los órganos corporativos de la Triple A”.

También la Procuraduría exhortó al Canal Extensia de Madrid y a Inassa para que desde la institucionalidad se pueda emprender un mecanismo de colaboración en el desarrollo de las investigaciones, la búsqueda de la verdad y la sanción de quienes se beneficiaron indebidamente de los recursos de la empresa. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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