Procuraduría aplazó fallo contra general (r) Atehortúa por enfermedad de una procuradora encargada
El general en retiro fue juzgado disciplinariamente por presunta corrupción en el proyecto de viviendas fiscales.
La Procuraduría General de la Nación decidió aplazar la lectura del fallo disciplinario en el proceso que se adelanta contra el general en retiro Oscar Atehortúa, por hechos de presunta corrupción en el proyecto de viviendas fiscales CENOP, de San Luis, Tolima.
La razón que informó la entidad fue por unas supuestas complicaciones medicas que padece una de las procuradoras delegadas de la Sala Disciplinaria desde hace varios días. Sin embargo, no especificaron qué clase de complicaciones padece la funcionaria disciplinaria.
La Procuraduría tampoco informó una nueva fecha para la lectura del fallo disciplinario, a pesar de que la norma establece que la decisión final en un proceso debe darse a conocer 20 días después de las audiencias de alegatos de conclusión.
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Precisamente en abril del año pasado se leyeron esos alegatos, es decir que han pasado más de seis meses y la Procuraduría aún no da a conocer su veredicto final.
El General fue acusado disciplinariamente por cuatro cargos relacionados con aparentes faltas en el trámite que dio a las acciones disciplinarias por el contrato cuando ocupó la Inspección General de la Policía, y supuesta extralimitación de funciones y tráfico de influencias.
En el pliego de cargos, la Procuraduría le reprochó que en su calidad de Director General del Fondo Rotatorio participara supuestamente en la ejecución de un contrato “faltando a su deber de adelantar la revisión sobre la obra”.
También lo señalaron de no haberse declarado impedido para conocer el expediente “relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominados CENOP, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación”.
En ese mismo pliego de cargos disciplinarios la Procuraduría también lo señaló de presunta extralimitación de funciones, al supuestamente acudir a un “Capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General y le suministrara una línea de tiempo del expediente”.
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Las investigaciones iniciaron después de las denuncias del entonces general William Salamanca, Inspector General de la Policía Nacional que reveló supuestos procedimientos irregulares durante la gestión de Atehortúa como director de la institución.
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