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Copa menstrual
La copa menstrual se puede reutilizar y dura hasta 10 años.
Foto: Ingimage

La Procuraduría General le envió un concepto a la Corte Constitucional en el que le solicitó modificar la norma sobre la reforma tributaria y eliminar el IVA de la copa menstrual.

Según la Procuraduría, sostener el IVA en ese producto para la higiene femenina podría catalogarse como una “dosis de regresividad al sistema tributario”, toda vez que crece el número de mujeres que optan por comprar este producto, pues les representa economía y es amigable con el medio ambiente.

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“Se ha demostrado que la copa tiene mayores beneficios en términos de salud, medio ambiente y economía. En efecto, la copa cuesta menos del 10% del costo total de cualquiera de los productos desechables de higiene femenina, siendo por lo tanto mucho más rentable; “(…) mientras una mujer tendrá que pagar más de $200.000 pesos al año en toallas o tampones, solo tendrá que pagar 60.000 a 80.000 pesos (IVA incluido) por una sola copa que puede durar hasta 10 años”, señala uno de los apartes del documento.

El concepto también señala que mantener el IVA en la copa menstrual podría catalogarse como una “medida impositiva” que podría afectar: “el mínimo vital y la salud de las mujeres con menor capacidad adquisitiva, porque les impone barreras tributarias en el acceso de nuevas tecnologías (más seguras) para el manejo de la higiene menstrual”.

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De esta forma la Procuraduría concluye que: “la exclusión de la copa menstrual del listado de bienes exentos del IVA es inequitativa, desproporcionada y regresiva”. 

El concepto entregado a la Corte se da en el marco del estudio de una demanda contra un artículo 188 de la Ley 1819 de 2016 “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural”.

Frente a esto,  el Gobierno también entregó un concepto a la Corte afirmando que la eliminación del IVA de ese producto no representaría un beneficio en materia económica para las mujeres que la usarían. 

El concepto del Gobierno dice que aún sin el impuesto, el costo de la copa es alto,  lo cual impide su compra a las mujeres de bajos recursos: “que no tienen la posibilidad de realizar los ejercicios de planeación financiera y económica necesarios, para reunir los recursos suficientes que les permitan la adquisición en un primer momento”. 

El estudio del caso está en manos del magistrado José Fernando Reyes,  quien negó citar a una audiencia pública para debatir el tema.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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