Procuraduría cita a juzgamiento a soldados involucrados en abuso de menor indígena

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario a los siete soldados del Batallón de Artillería Batalla de San Mateo de la Octava Brigada del Ejército Nacional, para que respondan por el presunto caso de violación contra una menor de 12 años de la comunidad indígena embera chamí, en zona rural del municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda.

Según se pudo establecer, la Procuraduría endilgó un primer cargo a los soldados regulares: Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata, y a Luis Fernando Mangaret Hernández, por supuesto acceso carnal violento en persona protegida.

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"Frente al caso del soldado Fernando Mangaret Hernández, la Procuraduría advirtió que, aunque no ejecutó actos de violación sexual contra la niña, al parecer contribuyó a la realización de estas conductas cuando tenía el deber constitucional y legal de defenderla de cualquier agresión, por ser sujeto de especial protección", explicó el organismo de control.

De igual modo, se pudo establecer que el órgano de control agregó que la víctima, en este caso la menor de edad, no tenía participación en el conflicto armado interno, "por lo tanto, debió ser considerada una civil y persona protegida a la luz del Derecho Internacional Humanitario, y al presuntamente ser accedida carnalmente de manera repetida por los soldados, se configuró una grave violación al DIH".

Para la Procuraduría General de la Nación, los principios constitucionales como la probidad y la rectitud se habrían visto afectados por el comportamiento de los soldados regulares investigados.

“Ni los ciudadanos, la sociedad, y el Ejército Nacional en su conjunto, esperan que algún miembro de la institución, vulnere la dignidad de las personas, más aún de las menores de edad, dada la investidura y la función constitucional que tienen, más en una zona de conflicto armado como se trata del corregimiento Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda”, argumentó el Ministerio Público.

En ese mismo sentido, el órgano de control agregó que con la supuesta conducta de los soldados se habrían vulnerado los principios de la función administrativa, particularmente la buena fe, moralidad, responsabilidad y transparencia, y afectado el deber funcional que está atribuido a la Fuerza Pública.

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"La afectación se da en la medida que se dio lugar a la desvinculación del Ejército Nacional, no solamente de ellos sino de superiores suyos, en un momento en que por razón de la emergencia decretada por la pandemia del Covid-19, se requiere más integrantes en las fuerzas militares" señala el texto emitido por la Procuraduría.

En un segundo cargo, la Procuraduría cuestionó a los disciplinados porque, al parecer, retuvieron contra su voluntad a la menor de edad perteneciente a la comunidad indígena Embera Chamí entre las 8:00 de la noche del 21 de junio y las 5:00 de la mañana del día siguiente, con lo cual pretendieron ocultar a la niña de los familiares en un ‘cambuche’, hecho que a juicio del órgano de control se podría constituir en secuestro simple agravado.