Procuraduría denuncia carteles que embargan ilegalmente recursos de la salud 

Con carácter de urgencia, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía, a la Contraloría y el Consejo Superior de la Judicatura investigar la posible existencia de una red de jueces y abogados que estarían embargando ilegalmente los recursos de la salud, al parecer para beneficio propio.   

Las irregularidades se estarían presentando en Sincelejo, Mocoa y Valledupar, donde “jueces civiles locales estarían ordenando el embargo de los recursos que debían ser girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones prestadoras de salud”, según establece un informe del Ministerio Publicó.  

Dicho informe detalla los embargos a la salud en el departamento de Sucre que “superan los $30.000 millones de pesos”.  

Por ejemplo en Sincelejo, la Procuraduría señala que “el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó el embargo de cerca de $11.000 millones de pesos, que tenían como destino la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, en procesos donde la mayoría de los reclamantes eran representados por un mismo abogado y el monto de esas deudas no superaba los $4.000 millones de pesos”.  

Ante dicho panorama, el Ministerio Público emitió una circular en la que ordena a los procuradores judiciales del país “intervenir en los procesos donde se haya ordenado o se pida el embargo de los recursos de la salud”.  

Lo anterior se realiza con el fin de hacer frente a dichos carteles de la salud. “El fin último de estos recursos es su circulación en el sistema de salud, y no terminar como depósitos judiciales, existiendo otros medios para garantizar el pago de esas acrecencias”, señaló la entidad.  

Según la Procuraduría, aunque la Constitución y las leyes prevén que los recursos para la salud son inembargables, “actualmente $500.000 millones de pesos permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros como contratistas y trabajadores.  

De este monto $300.000 millones corresponden a EPS del régimen contributivo y subsidiado y a la red pública de hospitales”.