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Procuraduría
Foto referencial Procuraduría.
Colprensa

La Procuraduría General de la Nación emitió fallos sancionatorios de destitución e inhabilidad por el término de 20 años a nueve militares por dos casos relacionados con falsos positivos durante el 2005 y 2006.

El primero tiene que ver con la muerte de Gabriel Valencia Ocampo, un campesino que fue presentado como guerrillero muerto en combate en el 2005.

En este caso se sancionó con destitución e inhabilidad del término de 20 años al entonces teniente del Ejército, Ramiro Jairo Ramírez y a los soldados profesionales para la época de los hechos, Wilson Andrés Bonilla Blandon, Wilson Antonio Garcés y Lewis Américo Palacio.

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Según los hechos y las pruebas recolectadas por el Ministerio Público, el homicidio del campesino ocurrió en la vereda El Zancudo, jurisdicción del municipio de Argelia en Antioquía, luego de ser detenido de manera irregular por los militares un día antes de su muerte.

La Procuraduría concluyó que la muerte de Valencia Ocampo no ocurrió como consecuencia de un enfrentamiento armado como en su momento lo dieron a conocer las Fuerzas Armadas, “sino que fue ultimado estando bajo la custodia de los uniformados”.

"Los uniformados desconocieron los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario y se extralimitaron en el ejercicio de su cargo al ignorar el derecho a la vida e integridad física de la víctima, quien ostentaba la calidad de persona protegida”, dice la Procuraduría.

En el fallo de primera instancia del ministerio público también se lee que el comportamiento de los uniformados obedeció a la necesidad de conseguir éxitos operacionales para obtener felicitaciones en sus hojas de vida, así como permisos y premios en ese entonces.

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El segundo caso ocurrió en el año 2006 en El Molino, departamento de La Guajira, cuando murió Yajaira Cristina Nieves, miembro de la comunidad indígena Wiwa, quien se encontraba en estado de embarazo. Su muerte ocurrió durante la operación Flamante que pretendía combatir a las Farc.

La Procuraduría sancionó e inhabilitó por el término de 20 años al subintendente del Ejército Nixon Armando Pavón, al sargento segundo Samir Enrique Bravo y los soldados profesionales Andis Miguel Pacheco, Nando Padilla Quintero y Felipe Barriosnuevos.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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