Procuraduría destituyó e inhabilitó por diez años a 'Jesús Santrich'
El Ministerio Público determinó que el exrepresentante a la Cámara continuó con la lucha armada.
La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos al exrepresentante a la Cámara, Seuxis Paucías Hernández Solarte, más conocido con el alias de 'Jesús Santrich'.
El Ministerio Público determinó que pese a firmar el acuerdo de paz y recibir una curul en la Cámara de Representantes, 'Santrich' continuó con la lucha armada juntándose con alias 'Iván Márquez', 'El Paisa' y 'Romaña' para formar un nuevo grupo guerrillero.
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yó e inhabilitó por 10 años a 'Jesús Santrich' por dar continuidad a la lucha armada de las FARC - EP
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En fallo de única instancia instancia se revela que el excongresista apareció en un video en agosto de 2019 para anunciar, junto a otros excomandante de las Farc, el relanzamiento y reestructuracuón de dicho grupo guerrillero y sus milicias.
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El órgano de control disciplinario encontró que 'Satrich' fomentó y ejecutó actos tendientes a la "formación y subsistencia de grupos armados al margen de la ley, además de promoverlos, organizarlos, dirigirlos y colaborar con ellos".
Pese a tener la credencial de Representante a la Cámara, Hernández Solarte despidió a los escoltas que se le habían designado. Después de estar varios meses en la clandestinidad, apareció en un video para anunciar su regreso a las armas y la conformación de un nuevo guerrillero.
El Ministerio Público calificó esto como una falta gravísima a título de dolo por afectación no justificada de sus deberes funcionales como congresista, quien en razón a su investidura estaba llamado a respetar el orden jurídico y la institucionalidad.
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En contra de 'Santrich' existen dos órdenes de captura emitidas por la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se le adelanta por presuntamente haber hecho parte de un plan para enviar diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
Informaciones recientes indican que el excomandante de las Farc estaría en Venezuela, protegido por personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro.
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