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El Ministerio Público busca que la compañía repare a las comunidades aledañas al Río Cauca.

EPM participará en subasta de energía y aclaró que Hidroituango funcionará en los próximos tres años.
EPM informó que participará en todos los mecanismos comerciales que le permitan poner al servicio del país esta planta y, además, garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto.
Cortesía: EPM.

La Procuraduría General presentará en los próximos días una acción judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la hidroeléctrica Hidroituango para que repare a las comunidades que se han visto afectadas por la sequía del Río Cauca. 

La acción popular será coadjudada por los gobernadores de las regiones afectadas, así lo dio a conocer a través de su cuenta de twitter el gobernador del Bolívar, Dumek Turbay

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“Procurador @fcarrilloflorez, los gobernadores vamos a coadyuvar la acción popular contra #Hidroituango. Nuestras poblaciones y ecosistemas que están siendo afectados por la crisis en el río Cauca necesitan protección y que se les repare cuanto antes el daño causado”, señaló el mandatario. 

El Ministerio Público busca un pronunciamiento de la justicia frente a la protección de las poblaciones afectadas y el medio ambiente luego de la muerte de varios peces por el significativo bajo nivel del río. 

“No podemos seguir basados en la imprevisión, porque siempre lleva a la improvisación; hay que romper ese círculo vicioso”, señaló el procurador General, Fernando Carrillo en una entrevista con el periódico El Tiempo. 

El Ministerio Público también anunció el inicio de un gran operativo para verificar las afectaciones ambientales tras el cierre de la compuerta número 1 del proyecto hidroeléctrico. 

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El órgano de control disciplinario verificó una afectación ambiental que cobijaría a  los municipios de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí, en el departamento de Antioquia, y también a los municipios de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar “que comprenden la región de La Mojana, donde la población asentada superaría las 120.000 personas”. 

Dentro de ese gran operativo la Procuraduría pidió a las corporaciones autónomas regionales un informe sobre las medidas que se han tomado de seguimiento “con ocasión de los anuncios de EPM y del proyecto Hidroituango, y para que manifiesten qué medidas de emergencia están evaluando y cuáles son los efectos que tienen valorados por esta última contingencia”. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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