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Procuraduría General de la Nación.
Procuraduría General de la Nación.
Cortesía: Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar por el millonario contrato de 16.000 millones de pesos que firmó el Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) con Centros Poblados para la construcción de un pabellón en una de las cárceles de Medellín. 

En medio de esa indagación, la Procuraduría pidió a la Uspec una copia “magnética o digital” de los documentos que soportan las etapas precontractuales, contractuales y de ejecución del contrato de obra. 

“Estudios y documentos previos. Minuta del contrato. Adiciones o prorrogas al mencionado contrato. Acta designación del supervisor del contrato. El respectivo contrato de interventoría. Informes de supervisión e interventoría. Informes de ejecución", se pidió también como parte de la investigación.

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También "certificar el estado actual del bilateral y, en el evento de haberse dado por terminado, allegar copia del acta de recibo final y liquidación del mencionado contrato. Certificación sobre los antecedentes disciplinarios internes, laborales o existentes en la Procuraduría General de la Nación, y certificación de la entidad contratante de los funcionarios que intervinieron en la elaboración del bilateral en todas y cada una de sus etapas, así mismo, adjuntar copia del manual de funciones, hoja de vida, acta de nombramiento y acto de posesión”, se lee en el documento de la apertura. 

Según reveló RCN Radio, ese contrato también tenía el objetivo de construir 514 cupos nuevos en la Cárcel de Bellavista. Lo que se denunció es que en este caso, es que supuestamente también se habría presentado documentos falsos del Banco Itaú, por lo cual la Procuraduría pidió a esa entidad financiera una certificación sobre “si la Unión Temporal Centros Poblados solicito la expedición de una garantía que respaldara el cupo de crédito para financiar la obra”. 

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El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, respondió hace unos días que lo importante era que no se había desembolsado ningún anticipo ósea la ejecución de ese contrato. “Allí no se hizo ningún anticipo y segundo el caso ya entró en proceso de liquidación así que no hubo ningún detrimento patrimonial. Los colombianos deben estar tranquilos de que no se adelantó un solo peso”, dijo Ruíz desde Cúcuta, en medio de la celebración del bicentenario de la constitución de 1821. 

Las indagaciones de la Procuraduría iniciaron tras las denuncias reveladas por RCN Radio. El caso estará en el despacho de la procuradora delegada para la Contratación Estatal.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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