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Bienestarina ICBF
ICBF

La Procuraduría General de la Nación inició la vigilancia al proceso de contratación para la alimentación de los menores de edad a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Esa entidad busca establecer por qué esa institución contrata mediante prestación de servicios y no a través de una concesión u otro tipo de contrato, el servicio para la entrega de “alimentos de alto valor nutricional” conocidos comúnmente como bienestarina.

El ente de control también busca establecer por qué esa entidad no hace ningún reconocimiento económico al contratista por cambios en las cantidades a distribuir en la bienestarina y el uso de las plantas de producción del ICBF, teniendo en cuenta que el contrato tiene un costo de $1’153’820.147.293 pesos.

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En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la directora del Bienestar Familiar, Lina Arbeláez una explicación que demuestre los análisis técnicos, jurídicos y financieros, del método de contratación en esa entidad y el respectivo modelo de negocio del contrato.

“El ICBF deberá indicar si la elaboración de nuevos productos que se definirían durante la ejecución del contrato, podría afectar la producción de los ya existentes y constituirse en un riesgo que lleve a un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista”, dice la Procuraduría sobre la solicitud de información al ICBF.

La entidad espera que la directora del Bienestar Familiar explique “las obligaciones y compromisos del contratista, los costos, mantenimiento, depreciación, inversión en maquinaria, respecto de las plantas de producción propiedad del ICBF y si este modelo se mantendría para el actual proceso de selección o cuáles serían los cambios”.

En medio de la vigilancia que inició la Procuraduría, se solicitó una copia del contrato que se encuentra en ejecución y distribución de bienestarina en el país.

 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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