Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contrato de la ANI para el Metro de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre un contrato firmado entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), en el que se habrían presentado irregularidades. 

El organismo advirtió riesgos en la gestión de la ANI por la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para el diseño de la primera línea subterránea del Metro de Bogotá. 

Ante esta alerta, la Procuraduría solicitó que la entidad entregara información sobre el proceso de contratación, mientras la ANI respondió con la documentación requerida por parte de la oficina delegada para la Función Pública. 

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Los requerimientos hechos por el ente de control a la entidad evidenciaron una presunta vulneración al principio de autonomía de las entidades territoriales y al principio de autonomía de la voluntad de las partes en los contratos estatales. 

Según explicó el organismo de control, las presuntas irregularidades se habrían presentado debido a que la ANI no tiene potestad para evaluar proyectos en los que no se desempeñe ni como contratista, ni como contratante.

Luego de evaluar los documentos del proceso de contratación y las respuestas de la ANI, se observaron actuaciones que pueden derivar en presuntas irregularidades y las cuales fueron consignadas en un informe, con el fin de que el ente de control por medio de la investigación disciplinaria, determine la posible comisión de faltas disciplinarias y sus respectivas sanciones.

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Este caso está relacionado con la denuncia de presunta corrupción en el Metro de Bogotá, por lo que la Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que adelante las investigaciones penales a que haya lugar, contra los funcionarios aforados que podrían estar relacionado con la supuesta entrega de dineros en la construcción de la megaobra y que involucraría recursos por más de 10.000 millones de pesos.

De otra parte, se ordenó una compulsa de copias interna para que la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía lleve a cabo los actos de investigación necesarios, que permitan determinar si hubo o no un delito cometido por funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá.