Procuraduría llamó a juicio disciplinario a tres funcionarios del MinTIC por polémico contrato con Centros Poblados
Esto por las irregularidades en el proceso de licitación y la entrega de 70 mil millones de pesos.
Como lo había anticipado RCN Radio, la Procuraduría General llamó a juicio disciplinario a cinco personas por el escándalo del billonario contrato firmado entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
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Entre los investigados están tres funcionarios del Ministerio: Adriana Vanessa Meza Consuegra; la secretaria general del MinTIC; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual del MinTIC; y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC.
Así como Luis Fernando Duque Torres, representante legal la Unión Temporal Centros Poblados 2020; Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio 'PE 2020 C Digitales', que ejerce la interventoría del contrato que tenía como objetivo instalación de 7.277 centros digitales para brindar internet en planteles rurales del país.
La investigación de la Procuraduría General busca establecer si los funcionarios el Ministerio incurrieron en alguna falta disciplinaria al permitir la adjudicación el billonario contrato con la Unión Temporal pese a que no contaba con todos los requisitos exigidos.
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La indagación preliminar inició en julio pasado tras la denuncia radicada por la entonces ministra Karen Abudinen y un grupo de veedores.
La Procuraduría formuló pliego de cargos a funcionarios de Mintic, UT Centros Poblados e interventoría - Consorcio PE 2020 C Digitales por contrato de centros digitales. https://t.co/epK6WGLxQ3 pic.twitter.com/RGPl3eq4C5
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 22, 2021
La Procuraduría General igualmente adelanta una investigación preliminar contra la exministra Abudinen, quien habría tenido conocimiento de las irregularidades que se estaban presentando en la licitación.
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El contrato tuvo un valor de 1.3 billones de pesos, sin embargo, las irregularidades se relacionan con el proceso de licitación y el anticipo de 70 mil millones de pesos que entregó esa cartera a la Unión Temporal.
Pese al millonario anticipo las obras nunca iniciaron y la compra de equipos jamás se justificó. Debido a esto se ordenó en junio pasado la revocatoria del contrato.
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