Procuraduría mantiene competencia para sancionar servidores públicos: Consejo de Estado

El Consejo de Estado mantuvo las competencias de la Procuraduría para sancionar disciplinariamente a los funcionarios de cargos de elección popular.

Lo anterior se dio al dejar en firme la sanción de destitución e inhabilidad de 18 años impuesta por la Procuraduría General contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por su responsabilidad en el 'carrusel de la contratación'.

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La sanción tiene relación con las irregularidades que se presentaron en la cesión de un contrato de obra para la adecuación de la Fase III del Sistema de Transmilenio en Bogotá.

Al tomar esa decisión, el Consejo de Estado negó una petición de la defensa del exalcalde que buscaba anular la sanción impuesta por la Procuraduría el 4 de agosto de 2015 y confirmada el 29 de julio de 2016.

Esa decisión se da a conocer después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado por la sanción e inhabilidad que la Procuraduría en cabeza del entonces procurador Alejandro Ordóñez le había impuesto al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. 

Sobre ese fallo, el procurador General, Fernando Carrillo, anunció en su cuenta de Twitter que se debía acatar las órdenes del Tribunal internacional en el sentido de ajustar las normas disciplinarias sin dejar la lucha contra la corrupción. 

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La Corte IDH concluyó que la sanción impuesta por el entonces procurador Alejandro Ordóñez Maldonado “no respetó la garantía de la imparcialidad, ni el principio de presunción de inocencia” del entonces Alcalde Mayor de Bogotá.

El organismo internacional señaló que la falta de garantías a Petro quedó expuesta porque “el proceso implicó que la misma autoridad fuera la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar”.