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La advertencia la realizó la Procuraduría General de la Nación, vinculando a cada ente territorial con las Secretarías de Salud.

La FM

La Procuraduría General de la Nación exigió a seis exintegrantes del Frente 57 de las Farc, que operó en los municipios de Acandí, Unguía, Riosucio y Carmen del Darién, Chocó, entregar verdad plena sobre graves hechos y violaciones de Derechos Humanos.

“Es urgente que, en garantía de los derechos de las víctimas, los comparecientes aclaren y reconozcan responsabilidad sobre los homicidios selectivos, ajusticiamientos, desplazamiento forzado, violencia sexual, utilización de medios y métodos de guerra prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y reclutamiento de menores de edad, que produjeron graves afectaciones y daños a las comunidades étnicas de esa región del Urabá”, advirtió el delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita.

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La Procuraduría informó que esas declaraciones serán clave para hacer una confrontación con lo que dicen otros exguerrilleros que se acogieron a la jurisdicción de paz.

“A partir de los reconocimientos de verdad de estos comparecientes, el Ministerio Público hará la contrastación de la información con lo manifestado por otros excombatientes, a fin de tener un panorama completo sobre lo que significó el conflicto armado en esa zona del Urabá y procederá a presentar las respectivas observaciones a la Sala de Reconocimiento de la JEP”, dijo la Procuraduría en un comunicado

La petición se hizo en el marco de la audiencia colectiva ante la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP) que se realizó en el municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia el pasado 9 y 10 de septiembre.

Según información de la Procuraduría, el frente 57 de las Farc se componía de tres columnas, y cada columna por dos compañías integradas por 280 o 300 hombres y mujeres aproximadamente.

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Esa misma exigencia ya se había dado para los excomandantes del frente 34 de esa guerrilla a quienes les solicitó entregar un listado con los nombres de los jóvenes que fueron victimas de reclutamiento forzado en esa región del país.

Así mismo, le solicitó a la JEP un criterio preciso de fijación de responsabilidad a nivel individual y colectivo, por parte de los exmiembros de ese frente guerrillero y establecer una mitología para determinar la responsabilidad de ellos en los hechos.

En ese caso, la Procuraduría nombró a Luis Óscar Úsuga, Francy María Orrego, José Ignacio Sánchez Ramírez, Pedro Baracutao García Ospina, Vianey de Jesús Hernández Benítez, Nelson Elías Benítez Urrego y José Gregorio Castro Fajardo, como entonces comandantes de ese frente.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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