Procuraduría pide acatar orden de CIDH y garantizar seguridad a líderes sociales de Cauca
Según las denuncias, los voceros comunales han sido víctimas de amenazas.
La Procuraduría General de la Nación envió una carta a la Unidad de Víctimas, la Unidad de Protección, la Policía y el Ejército Nacional, para que den cumplimiento a una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido de garantizar seguridad a tres líderes sociales de Cauca que han sido víctimas de amenazas.
El organismo precisó que la CIDH pidió que se tomaran medidas cautelares para garantizar la seguridad de Carlos Mauricio Mosquera Miranda, Guillermo Andrés Mosquera Miranda, Nidia Marcela Montoya y sus núcleos familiares, quienes residen en el municipio de Argelia (Cauca) y han sido objeto de varias intimidaciones.
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En el documento, la Procuraduría aseguró que estos tres líderes y sus familias han recibido amenazas por sus actividades políticas y de defensa de los derechos humanos y que pese a haberse traslado del territorio, siguen siendo víctimas de mensajes amenazantes.
La Procuraduría le pidió a las instituciones requeridas que en el marco de la indicación de la Comisión, informen si han tomado acciones o han iniciado las estrategias que permitan dar cumplimiento a las medidas explicadas por el organismo internacional.
Adicionalmente, solicitaron que informen si han realizado actividades de articulación interinstitucional con entidades nacionales o regionales, con el objetivo de dar garantías de seguridad para los tres líderes y sus familias.
En el marco de la reunión sostenida entre representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría delegada de instrucción de Cauca, pidieron a la Secretaría de Educación que active el sistema de protección de docentes amenazados, con el objetivo de proteger a Elcira Mosquera, una profesora del departamento que ha sido amenazada de muerte.
La petición a las entidades tiene como objetivo dar garantías de protección a la integridad y vida de la docente Mosquera, sin que tenga que solicitar que se activen los protocolos.
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La Procuraduría señaló que espera que las entidades den cumplimiento a la orden del organismo internacional y den garantía a la vida de las personas mencionadas.
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