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La capacidad en las clínicas y hospitales está desbordada.
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La Procuraduría General de la Nación instó al gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, a formular de manera adecuada y urgente el plan de expansión y los proyectos de inversión para la ampliación de la capacidad hospitalaria que requiere el departamento, con el fin de garantizar la atención en salud de los ciudadanos, especialmente los afectados por la COVID-19.

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Para el Ministerio Público, la administración departamental no presenta avances significativos en el número de camas luego de cuatro meses de declaratoria de emergencia sanitaria, por eso reiteró sus inquietudes frente al plan de adquisición de ventiladores, cronograma de compra y distribución a la red de prestadores.

“El plan de expansión previsto por la administración carece de elementos esenciales y estructurales, lo que imposibilitaría tener una solución en el corto plazo a la problemática de salud del departamento”, señala la Procuraduría que califica como preocupante el alto crecimiento de contagios en La Guajira, que el 1 de julio reportaba 479 personas positivas para coronavirus y al 24 sobrepasa los 1650 casos, lo que significa un incremento de 350%.

A juicio del ente de control, tampoco hay claridad sobre los recursos para la operación del plan, las fechas de ejecución de cada una de las fases de expansión de la red y el recurso humano necesario para la operación de las UCI, que incluye personal médico, especialistas, profesionales asistenciales y administrativos.

La Procuraduría también cuestionó que la administración no identifique las apropiaciones presupuestales del departamento para la atención de la COVID-19, ni suministre información sobre el plan de acción aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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“La información remitida por la Gobernación no responde de manera suficiente y de fondo los requerimientos planteados por parte de este organismo de control, toda vez que el plan de expansión de la red de prestadores y su oportuna ejecución es un tema prioritario y fundamental para proteger y salvaguardar la salud y vida de la población”, puntualizó.

El sector de la salud en La Guajira estuvo intervenido durante tres años y cuatro meses, hasta el 10 de julio de 2020, cuando el Ministerio de Salud suspendió la medida correctiva luego de la solicitud del gobernador Nemesio Roys Garzón.

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